La Justicia respalda la organización y control del juego por las autonomías

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma el Decreto que aprueba el Reglamento de apuestas de esta comunidad. El TSJ estima que las dudas sobre la viabilidad del juego online se resolverán cuando los operadores presenten sus proyectos, cuestión que no atañe a la norma.
Corresponde a la Comunidad de Madrid (CAM) el control de la regulación y explotación del juego en su territorio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma el Decreto 106/06 por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la CAM, el primero en desarrollarse en España para esta clase de juegos y locales, y espejo en el que se miran el resto de comunidades autónomas.
Si bien el País Vasco también ha aprobado una norma, el desarrollo de la CAM es el primero en ejecutarse y plantea un ejemplo liberalizador a las demás regiones, ya que, a diferencia de la comunidad vasca, que convoca un concurso, el régimen de autorizaciones de Madrid es abierto.
Así, el TSJ de Madrid desestima en una sentencia del pasado 17 de septiembre el recurso de la Federación Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas y de Azar (Femara), que se basaba en dos puntos: la ausencia de control en el Reglamento de la CAM sobre la admisión en los locales, y la falta de garantías sobre el cumplimiento del mandato constitucional por el que sólo se pueden ofrecer apuestas a residentes en Madrid, es decir, se cuestiona la extensión de estas actividades a establecimientos virtuales por medios on line cuando vayan a ponerse en marcha en el futuro.
El demandante entiende que si se deja operar en canales online, este precepto no se va a cumplir, ya que, en primer lugar, la CAM no puede asegurar que pueda vigilar su cumplimiento. Sin embargo, el TSJ de Madrid estima que el Reglamento es correcto y que, cuando se presente el caso, la Administración ya revisará que las empresas ofrecen sistemas a los que sólo tengan acceso residentes en la CAM.
El Tribunal añade: “Esa incertidumbre acerca de la viabilidad del control del ámbito territorial del juego, no tiene, a efectos de la legalidad de la norma, virtualidad anulatoria hasta tanto no se disciplinen esos sistemas técnicos de control (o que se deja para un desarrollo posterior) y, sin que, por tanto y hasta que no queden éstos perfectamente definidos y con capacidad suficiente para garantizar los límites competenciales de la Comunidad, pueda tener efectividad la presión normativa aquí cuestionada”.
Y concluye: “Consiguientemente, las dudas acerca de la viabilidad de este tipo de apuestas externas han de quedar necesariamente trasladadas al momento en el que se establezcan esos sistemas técnicos, sin que –formalmente– los preceptos impugnados sean merecedores de reproche anulatorio”.