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25 junio, 2009Vega Estella, no obstante, especifica que un informe jurídico nunca puede sustituir «una decisión política». Considera desproporcionado el revuelo que crea la posible inconstitucionalidad de algunos párrafos.
La letrada mayor de las Cortes, Vega Estella, avaló ayer el trabajo realizado por uno de los juristas de la Cámara y que planteó dudas sobre la constitucionalidad de algunos párrafos de varios artículos del proyecto de ley que allana el terreno a Gran Scala en su informe de correcciones técnicas. En este informe de Estella –solicitado por los grupos– también recuerda que en cualquier caso, las sugerencias de unos servicios jurídicos no son vinculantes ni pueden suplantar la decisión política, que corresponde a los grupos parlamentarios. Es decir, la ley se puede aprobar hoy en pleno sin que esto sea un hecho anómalo, pues es una decisión que solo corresponde a los parlamentarios.
«Nunca un informe emitido desde la función de asesoramiento técnico jurídico puede sustituir la decisión política. esta es soberana, prevalece por encima de cualquier otra y no puede verse suplantada por los criterios técnico-jurídicos que, obviamente, deben valorarse pero nunca anteponerlos. Lo contrario nos llevaría a una subversión del propio sistema democrático», apunta el informe de 21 páginas que ayer recibieron los grupos.
El «peculiar informe», como así lo describe la letrada en uno de sus puntos, recuerda que es relativamente habitual que los informes jurídicos planteen dudas acerca de la constitucionalidad, sin que eso sea obstáculo para tramitar una ley. De hecho, pone ejemplos: desde el propio Estatuto de Aragón que recibió un informe de un letrado del Senado cuestionando algunos artículos (y se aprobó) a la Ley de Vías Pecuarias o la Ley de ordenación del sistema universitario de Aragón.
SIN PRESIONES La letrada muestra su sorpresa por el revuelo mediático creado tras conocerse que el informe de correcciones presentaba algunas dudas sobre la constitucionalidad de algunos párrafos, lo que ha supuesto «una conmoción» que considera «desproporcionada». Ante algunos comentarios que insinuaban que los servicios jurídicos han sufrido presión, los desmiente de plano.
Pero Vega Estella defiende la labor del letrado que participó en la ponencia, y al que en algunas ocasiones le han llegado a cuestionar su labor. Así, asegura que este «ha manifestado en el ejercicio de su función, las valoraciones jurídicas que ha estimado convenientes, llevándolas a cabo de forma prudente, sin dogmatismo, sin afirmaciones rotundas y bajo la objetividad y neutralidad que preside la actuación de estos servicios jurídicos». De hecho, la letrada mayor confirma que conocía el informe y consideró «que estaba ajustado a las correcciones técnicas habituales y redactado en los términos que aconseja la prudencia jurídica».
La letrada continúa destacando «la autonomía funcional» de los servicios jurídicos, que actúan «bajo los principios de objetividad, neutralidad y rigor». Estella sentencia: «Como ordena nuestro Estatuto de Autonomía, los diputados legislan y, como dice nuestro reglamento, los letrados asesoran. Invertir los términos sería la mayor degradación de nuestra democracia», sentencia Estella.
«Resulta sorprendente –afirma Vega Estella– que en este caso se quiera condicionar la decisión política por lo expuesto en un informe de un letrado», ya que las correcciones técnicas, que forman parte de la costumbre parlamentaria pero no están recogidas en ningún reglamento, carecen de cualquier valor vinculante y su rechazo no distorsiona «ni mucho menos paraliza» el procedimiento legislativo.
