La Ley de Gran Scala exige un segundo aval y extrema el control

Los avales se ejecutarían «automáticamente» ante incumplimientos de plazos o proyectos. El documento establece trámites asimilables a los de un plan general de ordenación urbana

Al primer aval de tres millones de euros que los promotores de Gran Scala deberán facilitar nada más solicitar su autorización para construir el macrocomplejo de ocio y juego de Ontiñena se sumará un segundo aval del doble, seis millones de euros, que deberá formalizarse a mitad del proceso. El segundo sustituirá al primero, pero ambos serán «automáticamente ejecutables», sin excusa alguna, si hay incumplimiento de plazos o proyecto.

Es una medida de garantía más del proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad (COAC), que fue aprobado ayer por el Gobierno aragonés y que, según el vicepresidente autonómico y portavoz, es el texto «con más garantías legales» que ha habido en la comunidad en 30 años. Este proyecto (que ahora se remitirá a las Cortes) establece una serie de condiciones a los promotores de un complejo como Gran Scala que pretenden asegurar hasta el extremo el control público de una iniciativa privada.

A las exigencias ya conocidas durante los dos últimos meses (un capital social de diez millones, un complejo mínimo de 1.000 hectáreas, 3.000 empleos y 8.000 plazas hoteleras y un aval de 3 millones de euros), se unió ayer una más, que dio a conocer el consejero de Industria, Arturo Aliaga: un segundo aval de 6 millones de euros que deberá formalizarse a mitad de proceso, y así se devolverá el primero.

La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad (fundamental para que ILD –International Leasure Development– pueda impulsar Gran Scala) establece un proceso claramente «reglado», como destacaron Biel y Aliaga, para tramitar una iniciativa de estas características, que en ocasiones es asimilable al que exige un Plan General de Ordenación Urbana.

Así, el promotor de un centro de este tipo tiene que solicitar su autorización como COAC, para lo que debe identificar desde el accionariado de la sociedad promotora hasta las fuentes de financiación de que dispone (incluido un avance de plan de negocio), pasando por la acreditación de la propiedad, un informe medioambiental o el diseño de un primer proyecto de ordenación. Es decir, que ILD debería detallar al máximo su proyecto, desde el desarrollo urbanístico y mediaoambiental hasta la viabilidad empresarial. Y eso solo sería el primer paso, para el que habría tenido que presentar un aval de tres millones de euros.

Luego, una comisión con representantes de los departamentos afectados estudiará la propuesta, tras conocer el informe de Medio Ambiente (del Inaga), y la remitirá al Gobierno de Aragón. Serán escuchados todos los organismos afectados (incluidos ayuntamientos y comarcas o la Comisión de Ordenación del Territorio de Aragón) y entonces se decidirá si se da la autorización al COAC.

Aún faltarán muchos pasos y un segundo aval, de 6 millones de euros (el primero será devuelto), cuando se acometa el denominado proyecto de ordenación, asimilable, dijo Aliaga, a un PGOU. Porque toda la información urbanística, medioambiental y de infraestructuras deberá tener el nivel de detalle de un plan general. Además, incluirá cuestiones como una programación de obras, con plazos.

Tras una nueva aprobación del proyecto por el Gobierno se creará un consorcio público participado por DGA, ayuntamientos y comarcas afectadas por el centro de ocio que se encargará de controlar la iniciativa.

Hay un régimen sancionador que fija multas de entre 3.000 y 600.000 euros según el tipo de infracción, y otra serie de cuestiones dirigidas, insistieron el vicepresidente y el consejero, a establecer todo tipo de garantías. Por eso los avales serán «automáticamente ejecutables» ante un incumplimiento, aseguró Aliaga, con lo que no habrá excepciones que lo justifiquen.

El proyecto de ley tiene que ser aprobado en las Cortes y Biel confió en que eso suceda antes del verano. Ninguno de los dos dirigentes supo estimar cuánto tiempo puede pasar desde que se apruebe el texto hasta que llegue el último visto bueno final y puedan comenzar las obras, en el caso concreto de Gran Scala. «Llevará su tiempo. Esto en cuatro días no está terminado», señaló Biel.