La ONCE y la fiscalidad sobre el juego

En su última Memoria anual la ONCE refleja que sus ventas han disminuido un 4% con respecto al ejercicio anterior. Es una mala noticia para una organización que desempeña un papel central en la prestación de servicios sociales. Como responsable directo de esta situación aparece el nuevo impuesto sobre los premios de los juegos de lotería, introducido por el Gobierno en enero de 2013.

En ese mismo año 2013 la ONCE consiguió crear 9.214 puestos de trabajo y plazas ocupacionales, de los cuales un 89% para personas con discapacidad. Al cierre del ejercicio trabajaban 64.108 personas en la ONCE y la Fundación ONCE, esta última dedicada a las personas con discapacidad distinta de la ceguera. 

Para mantener este esfuerzo de creación de empleo la ONCE debe preservar su cuota de mercado en el sector del juego, y ello no resulta fácil. Desde el comienzo de la crisis han descendido las cantidades que los ciudadanos destinan a los juegos de azar. En paralelo ha aumentado la competencia, al legalizarse la oferta de juegos online. Por último, la nueva fiscalidad sobre los premios influye en la actitud de los jugadores de lotería. 

El nuevo impuesto grava con un 20% los premios de lotería de más de 2.500 euros, y ha causado una contracción histórica en las ventas de los dos operadores públicos de loterías, la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Los premios de los juegos gestionados por estos operadores públicos siempre han estado exentos de tributación en IRPF, salvo para los rendimientos sucesivos que generasen. Para la LAE, la caída de su facturación ha sido de un 8% en el ejercicio 2013 con respecto al anterior.

Estas medidas fiscales perjudican a los operadores públicos del mercado de juego: la LAE, una sociedad estatal cuyas ganancias se ingresan en el Tesoro Público, y la ONCE, una corporación de derecho público, sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan íntegramente a servicios sociales para las personas con discapacidad.

Y, sin embargo, el nuevo gravamen no ha supuesto para el Estado el aumento de ingresos que motivó su introducción. Se presupuestaron 824 millones, pero el informe anual de recaudación de la Agencia Tributaria indica que sólo se recaudó un 32% de lo previsto. Unos muy medianos ingresos fiscales que, en contrapartida, han ocasionado una caída de las aportaciones que realiza LAE al Tesoro Público. 

Para la ONCE las consecuencias del nuevo gravamen han sido también muy perjudiciales. Para que su proyecto de provisión de servicios sociales e integración de personas con discapacidad sea sostenible, es imprescindible que mantenga un adecuado nivel de ingresos procedentes de los sorteos y juegos que gestiona. Si a la crisis económica general y al aumento de la competencia por el juego online añadimos los efectos colaterales de estas medidas fiscales, el resultado final es la disminución de ingresos en 2013 que estamos comentando. Con sobradas razones para hacerlo, la ONCE ha solicitado públicamente al Gobierno que derogue el gravamen sobre premios de loterías.

Sucede que esta misma reforma fiscal del Gobierno ha sido muy generosa con los empresarios privados que operan en el sector del juego. Aquí nos encontramos los casinos, bingos, máquinas tragaperras, las casas de apuestas deportivas y el juego online vía Internet. Mientras se penaliza fiscalmente los premios que otorgan los operadores públicos, se mejora el trato fiscal a las ganancias obtenidas en los juegos que gestionan los privados. Las medidas fiscales no son neutras, sino que benefician a unos operadores en detrimento de otros, y distorsionan el mercado.

Las ganancias obtenidas en juegos privados siempre han estado sujetas al IRPF pero, desde la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, se permite a los jugadores que descuenten las pérdidas en el juego de las ganancias que hayan obtenido en él, de manera que se tributa en el IRPF únicamente por las ganancias netas. Es un cambio radical, porque las pérdidas en el juego nunca se consideraron fiscalmente como pérdidas de patrimonio, al ser el juego un empleo de la renta disponible.

Esta medida, al tiempo que hace disminuir la recaudación fiscal, incentiva el consumo de juego privado, y ha sido cuestionada por el Grupo Parlamentario Socialista, que registró una proposición en el Congreso pidiendo su derogación. No es razonable que las pérdidas en el juego sean deducibles fiscalmente mientras que no lo son los gastos médicos, los de desplazamiento al trabajo o de formación.

Una vez que se despenalizó el juego en 1977 y que la propia Unión Europea admite la existencia de un sector privado del juego, el modelo debe ser un mercado mixto, donde convivan un sector público y otro privado. Esto no impide reconocer los mayores beneficios en términos sociales que aportan los operadores públicos, por su propia naturaleza jurídica y, además, por el tipo de juego que gestionan. 

Los dos operadores públicos son altamente responsables frente al blanqueo de capitales, evitar el fraude al consumidor, impedir el acceso de los menores al juego, y minimizar otros riesgos sanitarios y sociales del juego como son las ludopatías. Por otra parte, los operadores públicos aportan a la sociedad la totalidad de los beneficios que obtienen mediante el juego. La LAE a través de su ingreso en el Tesoro, y la ONCE destinando todo el importe de sus ventas a servicios sociales. Los beneficios de los operadores privados se reparten lógicamente entre los accionistas, sin generar retornos sociales de ningún tipo.

Además, el juego público crea más empleos que el privado. La ONCE solo representa un 7% del sector del juego. Con esta pequeña cuota de mercado mantiene el empleo de 20.000 vendedores, todos con ceguera u otras discapacidades. Si consideramos que todo el sector del juego, público y privado, representa hoy 75.595 empleos, resulta evidente que la ONCE es un verdadero motor de empleo: mantiene el 26% de todo el empleo con un 7% de la facturación total del sector.

Sin embargo, la reciente legislación fiscal está fomentando que se incremente la demanda de juego privado en detrimento de los juegos públicos. Mejorar las posiciones relativas de los empresarios del juego privado es una política con consecuencias muy lesivas para la ONCE y, en última instancia, para todo el sector de la discapacidad.

Es urgente por ello una revisión profunda del régimen fiscal de las ganancias en el juego, en la línea de lo solicitado por la ONCE y también de lo solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista.