La privatización de la Lotería pone en duda la exención fiscal de los premios

Loterías y ONCE reparten 6.000 millones de euros de premios al año. Expertos y empresas del sector creen que con el nuevo marco se deberían abordar fiscalmente los premios ‘gordos’.

Unos 6.179 millones de euros son los premios que reparten Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE al año en España. La privatización del 30% de LAE, que ya preveía el Anteproyecto de Presupuestos y que el Gobierno ha incluido ahora en el último Decreto-Ley de medidas económicas, pone sobre la mesa el debate de la exención fiscal de los galardones en vísperas del sorteo del gordo de Navidad. 

Que los premios tributen es un viejo proyecto del PP que se aparcó por su complejidad. Pero el movimiento liberalizador de la Lotería llama a replantear el asunto, según destacan fuentes del sector. A fin de cuentas, es algo que exige la Unión Europea y la misma presión de los mercados.

Todo ello, cuando se valora que, de los 5.000 millones que ingresa el Estado al año por la Lotería, perderá 1.000 anuales dentro de un lustro por la liberalización. Las fuentes consultadas del sector consideran que se puede gravar la lotería de forma sensata para todos: el Estado recaudaría y se evitaría una efecto disuasorio sobre los ciudadanos.

Lo que la Administración deja de recaudar porque no grava la Lotería no es objeto de un cálculo fácil. Sería necesario conocer quiénes y cuánto perciben, porque al ser el IRPF un impuesto progresivo, no solo incidiría el importe del premio, sino también el resto de la renta de los agraciados en cada año.

Los expertos opinan que para acercarse a la cantidad que se deja de recaudar habría que situarse en el modelo más viable de tributación, el que se someta a los “premios mayores” a los tramos más altos de la escala (actualmente el 43%; en 2011, el 47%).

Sólo a los grandes Las estimaciones realizadas hace años alcanzaban cifras de 300 millones de euros anuales, tributando exclusivamente por los “premios mayores”. Para no provocar distorsiones en las ventas, los conocedores del sector estiman que es necesario mantener exentos los premios “menores”, como los reintegros de la Lotería, que se reinvierten en gran parte en nuevas apuestas. Lo usual con los “premios mayores” es que pasen a engrosar cuentas bancarias, productos financieros o cancelaciones de deudas.

Otros efecto de la tributación de las loterías sería una mayor prevención del blanqueo de capitales, precisamente cuando coinciden una nueva ley antilavado y una reforma del Código Penal y la Agencia Tributaria (AEAT) afina la lucha contra el fraude.

Según la jurisprudencia europea, esta “exención” mantenida por los Estados Miembros –al contrario que en Estados Unidos– no se opone a ningún principio del Derecho Comunitario, ni existen normas uniformes en materia de IRPF que permitan algún reproche.

La exención española ha sido examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –sentencia del 6-10-2009–, que declaró que no opera contra el Derecho Comunitario si se entiende que se debe aplicar a los premios obtenidos en juegos gestionados por otros organismos públicos o cuasi públicos de cualquier otro Estado, similares a LAE y ONCE. De manera que el sistema podría mantenerse en la situación actual indefinidamente.

Sin embargo, hay un auto del Tribunal Constitucional del 26 de febrero de 2008 que argumenta que el juego privado tributa precisamente porque no es estatal, lo que abre la vía para reclamar la necesaria presión sobre una lotería privada.

Ante este panorama, Carlos Lalanda, socio de Loyra Abogados, bufete especializado en juego, se pregunta: “¿No se estaría acudiendo precisamente a gravar un nicho de rentas más elevadas, procedentes del azar, dando un respiro a las que proceden del trabajo, de las actividades empresariales o profesionales?”.

Lalanda entiende que “serían mínimos los costes de gestión”. Y se basa en un adecuado manejo de los instrumentos de recaudación, las obligaciones informáticas impuestas ya, los mecanismos de retención e ingreso de la deuda y la facilidad de identificación al premiado. “Una construcción inteligente de los tipos y escalas de la retención podría allegar nuevos recursos públicos, sin diezmar los privados”, añade.

Según el Decreto-Ley, corresponde a la nueva Sociedad Estatal de Loterías el ejercicio de la totalidad de las facultades que tenía LAE, “quedando subrogada en los derechos y obligaciones”. De forma similar a la liberalización de Correos, que sólo tributará en Sociedades, puesta en entredicho por Competencia.

Juan Manuel López Carbajo, director de la AEAT, dice no saber nada sobre la tributación de la Lotería, al igual que los Técnicos de Hacienda.