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La eclosión del juego a través de internet ha sorprendido a la Administración, que todavía no ha reaccionado al flujo de millones de euros que circula sin control a través de la red. Para fiscalizar este dinero, el Gobierno central ultima un proyecto de ley para regular el sector, a pesar de que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en materia de juego.
Éstas, sin embargo, las delegan en la Administración central para que recaude y luego les transfiera su parte del pastel.
La Xunta asiste con expectación al proceso y confía en poder empezar a recibir ingresos por esta vía a finales del próximo año. Y ya tiene una previsión de lo que podría ganar, a pesar de la dificultad de conocer cuánto dinero se mueve en internet desde ordenadores gallegos.
«Tenemos unas estimaciones de que Galicia podría recaudar entre 60 y 70 millones de euros anuales, que es lo que se ingresa por el juego presencial. Creemos que el potencial del juego on-line es mayor, pero podríamos empezar recaudando una cantidad similar», adelanta Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias e Interior, competente en materia de juego, una cantidad calculada con las aportaciones del propio sector.
Obtener una cifra del volumen de euros que mueve el juego on-line resulta difícil. Fuentes del sector aseguran que en toda España la cifra es de «miles de millones», entre todas las modalidades existentes.
Por el momento, ese volumen no se fiscaliza. Villanueva recuerda, por tanto, que «la Xunta ya está dejando de ingresar dinero por carecer de una legislación específica». Poder optar a estos fondos, además, supondrá una inyección extra de oxígeno para sus debilitadas arcas.
La situación actual es la siguiente: no existe regulación del juego on-line, entendiendo por éste póker, apuestas o casinos virtuales, entre otros. La mayoría de las empresas con las que juegan los gallegos, a través de su ordenador o por teléfono, tienen su sede en paraísos fiscales o en países como Francia, que sí han regulado el sector. Por ello, sus ganancias con dinero gallego no repercuten en las arcas públicas.
Moncloa prepara un anteproyecto de ley que podría ser presentado a finales de este año o principios del próximo. De hecho, el Consejo de Ministros ya analizó un informe sobre la norma el mes pasado.
La Administración central se encargaría de regular el sector y gestionar la parte fiscal, así como de la recaudación. Se quedaría una pequeña parte de lo recaudado para cubrir sus gastos y el resto iría a parar a los bolsillos de las comunidades, que se integrarían en un Comité de Cooperación y Participación dentro de la Comisión Nacional del Juego.
Pese a ello, Cataluña se ha adelantado y ya tiene listo un proyecto de ley propio al margen del resto de autonomías.
En este momento, solo Madrid cuenta con una norma específica, aunque referida exclusivamente a las apuestas –especialmente las deportivas–, por lo que deja fuera gran parte del negocio, como el póker o los casinos.
La clave radica ahora en cómo regularlo. Villanueva explica que están todavía estudiando cómo imponer una tasa ante la dispersión que provoca internet. «Se podría analizar dónde están radicadas las empresas o, a través de las IP –el DNI de cada ordenador–, los ingresos que se reciban», indica sobre las posibilidades que contempla la Administración.
