Las razones del ‘no’ de Codere a los bonistas

El jueves 6 de febrero venció el plazo para que Codere y sus bonistas llegaran a un acuerdo que permitiera prorrogar la línea de crédito sénior hasta el 15 de abril. Pero el esperado pacto no se alcanzó.

Según fuentes próximas a las negociaciones la propuesta de los acreedores exige que los consejeros cometan un fraude ley. “Los bonistas han propuesto al consejo de administración que actúe en contra de la voluntad de la junta de accionistas al pretender de los accionistas se diluyan en un 97% en contra de su voluntad”, indican. Además, los bonistas proponen que en caso de votar en contra se ejecute una cesión de todos los activos de Codere a la nueva filial que pasaría a ostentar el 97% de la compañía sin contar con el consentimiento de los minoritarios, reducidos a un 3%.

Ante estos hechos, las mismas fuentes recuerdan que la CNMV ha señalado que las compañías no deben pasar por alto las normas que exigen la aprobación de los accionistas.

A la vertiente legal hay que sumar las razones económicas. Fuentes cercanas al proceso afirman que el ofrecimiento de los 400 millones de euros no son más que una maniobra de los bonistas para imponer elevados intereses, justo lo contrario a lo que necesita la empresa. Según los datos aportados y hechos públicos al regulador, Codere generó 280 millones de ebitda en el ejercicio de 2012, a pesar todo ello de las dificultades económicas que atravesaban los mercados latinoamericanos, en especial Argentina, donde concentra la mayor parte de su negocio. Estos resultados son considerados suficientes para la gestión del negocio y la inyección de los 400 millones que ofrecen los bonistas solo se justifica en un interés por hacerse con el control de la empresa.

La máxima que defiende la dirección pasa por pagar el valor nominal de los bonos a lo largo del tiempo y siguiendo el derecho español a la vez que conserva el capital social para sus accionistas.

El apoyo de los sindicatos a la empresaEn las últimas semanas Codere ha contado con el apoyo de los sindicatos que se han sumado a la denuncia de la empresa contra la forma de actuar de los fondos buitre.Los representantes de los trabajadores consideran que las imposiciones de los acreedores, tanto de bonistas como los propios fondos, violan la legislación española. El capital riesgo “no persigue la viabilidad de la compañía, solo su propio beneficio”, señalan. La propuesta presentada por los acreedores acabará generando más desempleo y desde la central argumentan que supone un claro desprecio hacia los minoritarios.

Fuentes próximas a las negociaciones alegan que aunque ofrezcan un 14% al fundador, esto no les servirá para contar con el respaldo de la empresa. “Todos los accionistas deben ser tratados de igual forma”, alegan.