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19 mayo, 2011La reciente aprobación por parte del Gobierno de la nueva Ley del Juego online aporta un marco legal que era anhelado por los empresarios del sector, por los jugadores y por la propia Administración.
La aprobación tendrá dos consecuencias inmediatas: la primera será que los empresarios podrán optar por trabajar esta línea de negocio que hasta la fecha desarrollaban empresas extranjeras, en muchos casos desde paraísos fiscales. La segunda, que la Administración tributaria pasará a obtener ingresos por el juego online, tal como sucede en otros países. Los jugadores ganan seguridad en cuanto a que los operadores online autorizados deberán cumplir una ley que ampara a los jugadores y sus apuestas, dotando de transparencia un sector opaco hasta la fecha.
En general, los empresarios españoles del juego offline han dado la bienvenida a una ley que por fin regula el juego por internet. Existen voces críticas que consideran que hay un agravio comparativo entre la tributación del juego online y la del presencial. Para los empresarios del sector del bingo llueve sobre mojado: el bingo tradicional soporta una tasa del juego del 60% sobre las ganancias brutas, con diferencia la mayor de todos los juegos presenciales, y mucho mayor que la del juego online, cuya tributación promedio será del 25%.
Esta situación supondrá una mayor presión sobre un sector muy castigado fiscalmente, lo que ha supuesto en promedio el cierre de 12 salas anuales (principalmente de pequeños empresarios) desde 2003; se trata de un colectivo laboral aproximado (entre empleos directos e indirectos) de 40.000 personas. La propuesta de los empresarios del bingo no pasa por incrementar la fiscalidad del juego online, sino que abogan por reducir la de las salas de bingo y destinar la diferencia a ofrecer mayores premios. Ponen el ejemplo de Italia, que ha visto cómo una medida de reducción de la tasa ha supuesto revertir la tendencia del sector a la baja, se han preservado puestos de trabajo y, paradójicamente, ha incrementado los ingresos del Estado puesto que la afluencia de público ha crecido.
La Ley del Juego se ha aprobado con inusitada celeridad, proporcionando una fuente de ingresos tributarios adicionales a un Estado necesitado de liquidez con urgencia. En el trasfondo de la ley está el hecho de que su aprobación permitirá al estado privatizar parcialmente el ente Loterías y Apuestas del Estado (se habla de un 30%), lo que supondría una inyección adicional de liquidez a las arcas públicas.
