No es delación; es defender tus derechos

Los españoles no están acostumbrados a la cultura de la denuncia y la reclamación – La ley antitabaco empieza a cambiar esa actitud

Carmen está decidida a poner una denuncia a su empresa si a la vuelta de su baja médica por una bronquitis aguda sus compañeros siguen fumando en la oficina en la que trabaja en Barcelona. Juan interpuso 10 denuncias con la anterior ley de tabaco de 2006 y el pasado día 3 de enero denunció a un centro comercial del sur de Madrid porque se fuma en el aparcamiento. Ambos acusan porque otros cometen infracciones por las que se ven afectados y porque quieren hacer uso de un derecho constitucional.

Los casos de Carmen y Juan son parte de una legión de miles de ciudadanos que han decidido, la mayoría de ellos acudiendo a asociaciones, señalar incumplimientos de la nueva ley antitabaco, que entró en vigor el pasado día 2 de enero y que en apenas dos semanas ha generado una gran polémica social. «El impacto social que ha tenido esta campaña no lo han tenido otros mensajes anteriores [como la ley Sinde o la subida de la luz] que llamaban a defender los derechos de los ciudadanos», asegura Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

La asociación española de defensa de los consumidores ha presentado ya 614 denuncias contra empresas y organismos públicos de las miles que ha recibido por incumplimientos de la ley antitabaco ante 17 comunidades autónomas. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga son las provincias con más denuncias. De las 614, algo más de 400 son denuncias interpuestas a locales hosteleros, 54 a centros sanitarios y 28 a organismos públicos.

El detonante del impacto social que ha tenido la ley se puede encontrar en la repercusión mediática de una norma que endurece la anterior convirtiendo a España en uno de los países más restrictivos contra el tabaco. No se podrá fumar en restaurantes, bares ni discotecas. Se eliminan los puntos de fumadores en aeropuertos y se prohíbe a las puertas de los hospitales, los parques o los colegios.

La nueva regulación ha generado un debate que alcanza la fibra sensible porque afecta a algo tan serio como la salud y, por ello, despierta posturas encontradas entre quienes creen que la ley es insuficiente y los que piensan que es inconstitucional.

La polémica se desató tras las declaraciones de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, un día después de entrar en vigor la norma, animando a los ciudadanos «a denunciar a quienes incumplan la ley». Estas palabras han sido interpretadas por muchos como una llamada masiva a la delación sin prejuicios. El Gobierno de Zapatero dijo que veía «lógicas» las acusaciones a los infractores y que la normativa «está siendo criticada de forma exagerada por algunos sectores, porque es razonable, preventiva para proteger la salud y cuenta con un apoyo del 80% de la sociedad en línea de lo legislado en otros países avanzados». Las declaraciones del alcalde de Valladolid, el médico Francisco Javier León de la Riva (PP), comparando con el nazismo las palabras de Pajín, avivaron la llama de la polémica.

Pero en España no existe aún una cultura de reivindicación ciudadana. Se mete delación, denuncia, envidia y chivatazo, incluso chismorreo, en el mismo saco.

Facua opina que los ciudadanos no están acostumbrados a que las organizaciones de consumidores movilicen a los ciudadanos. Pero a raíz de la nueva ley del tabaco se está potenciando que la gente sea más reivindicativa con sus derechos. «En países como los nórdicos, esta reacción sería normal. Para nosotros ha sido una experiencia muy importante porque cambiará el futuro del funcionamiento de nuestra organización en cuanto a cómo movilizar a los consumidores», afirma Sánchez. También recalca que es importante aclarar que la organización espera que con las denuncias se consiga que de lo que el consumidor se quejó ayer mañana no ocurra. Acción preventiva.

¿Qué empuja a un ciudadano a denunciar una infracción? El primer muro a derribar es que las protestas son anónimas. Tanto las formuladas a través de organizaciones, como Facua o Nofumadores.org, como las que se presentan ante los departamentos de Sanidad de las comunidades autónomas tienen que ir con la identidad de la persona física o jurídica y son en última instancia los Gobiernos autónomos quienes se encargan de verificar la infracción y poner la multa pertinente. Otra cosa es que la mayoría de las protestas vayan canalizadas a través de una organización siendo esta la que da la cara si se abre un proceso sancionador. En el caso de la ley antitabaco, va desde infracciones leves de 30 euros hasta sanciones graves de 600 a 10.000 euros.

«La denuncia en sí no inicia un proceso sancionador. Lo inicia la Administración competente si cree que hay infracción. La denuncia es un acto por el cual la persona pone en conocimiento de la Administración unos hechos. En este caso, me parece que si hay muchísimas reclamaciones va a ser muy difícil que las Administraciones logren tramitarlas todas, sobre todo, si son a particulares con sanciones mínimas de 30 euros», indica Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá de Henares.

Carmen tiene 31 años y ha sufrido dos bronquitis severas en dos meses. Aún sigue de baja por el segundo episodio. Lleva un año y medio empleada como comercial en una empresa de Barcelona y está decidida a poner una denuncia a la empresa donde trabaja si a su vuelta incumplen la ley antitabaco. «Nunca antes había tenido bronquitis. Mi jefe fuma sobre todo en su despacho, pero también fuera de él y mis compañeros lo hacen intercalando la oficina con una terraza que tenemos. No quiero tener bronquitis crónica y antes que jugar con mi salud prefiero denunciarles, aunque confío en que estén aplicando la nueva ley», cuenta esta joven catalana que se ha puesto en contacto con la organización Nofumadores.org para ver cómo puede tramitar la demanda.

De cualquier forma, la nueva ley antitabaco deja en el aire muchas situaciones a las que se enfrenta a diario el sector hostelero y que está originando numerosas quejas e incluso está siendo respondido mediante la insumisión de locales que prefieren pagar la multa a perder clientela.

Roris es el dueño de un bar de copas en Vigo. Su local está cerca del puerto Marítimo y ha tenido que llamar en una ocasión a la policía porque una persona no quería apagar el cigarrillo cuando se le llamó la atención. No solo ha perdido clientela -del año pasado a este, un 30%-, sino que además no sabe cómo actuar frente a las situaciones que se generan entre el cliente y el dueño. «Tuve que llamar a la policía. Yo, en realidad, no quería denunciar al cliente, pero tenía miedo de que alguna persona dentro del local me denunciara a mí por no prohibírselo. Total, la policía no se persona y lo que te preguntan es si quieres hacer la denuncia en firme», explica este hostelero de 29 años que lleva siete con el negocio.

Según cuentan algunos hosteleros, la gente fumadora acude a los bares, pero el consumo se reduce: está menos tiempo porque necesita fumar. En realidad, fuera tampoco se puede beber por ley, la gente empieza a irse sin pagar de los locales y las consumiciones se quedan a medio gas mientras el fumador se va fuera a fumar generando confusión entre los camareros. «¿Qué haces? Retiras la copa pensando que se ha ido el cliente y luego este vuelve reclamándola y tienes que servir una nueva», se lamenta un camarero.

«Veo complejo el panorama porque me gusta fumar y beber a la vez y ahora no se puede. Salir a tomar una copa se me hace difícil. Entiendo la postura del no fumador, pero se ha dejado al fumador como un apestado. Si se pudiera, me plantearía hacer un club, pero como tienen que ser sin ánimo de lucro tampoco sería negocio», comenta Roris.

Los hosteleros españoles insisten en que la ley supondrá unas pérdidas del 10% de su facturación y de 70.000 puestos de trabajo. La Asociación Nacional de Empresarios por la Calidad del Ocio inició en paralelo a la llegada de la ley una campaña para concienciar a los hosteleros de su cumplimiento. «La batería de medidas puestas en marcha ya anticipaban que había una serie de problemas que en el sector de la hostelería tenía una muy difícil solución. Nuestras peores previsiones se están cumpliendo, el funcionamiento de los locales de ocio se está complicando extraordinariamente, sobre todo, en el nocturno, donde la prevalencia de fumadores está por encima del 40%. Hay una imposibilidad legal de hacer que el público cumpla la ley del tabaco, pero sin embargo somos responsables de su incumplimiento. Hay una contradicción y un vacío legal», lamenta el portavoz de la Asociación Nacional de Empresarios por la Calidad del Ocio.

En general, la ley antitabaco se está cumpliendo en los garitos de noche. Pero está generando una tensión e indefensión entre clientes y propietarios de locales. «La ley antitabaco se va a convertir en el banderín de enganche del malestar social provocado por la crisis y los recortes sociales», sostiene el portavoz.

Juan, madrileño de 44 años, ya puso 10 quejas con la anterior ley, y con la nueva ley ha interpuesto una contra un centro comercial del sur de Madrid porque se sigue fumando en una de sus cafeterías. «Soy socio de Nofumadores.org, pero lo hago a título personal porque considero que perjudican a otros usuarios y a mí mismo. Antes íbamos a centros comerciales porque estaban fuera de humos desde la ley de 2006 y nos encontrábamos que se fumaba en varios locales. No entiendo la polémica que suscitan las denuncias. Lo de la delación que sale en la prensa es falso. Das el nombre y los apellidos y estás denunciando una infracción como se denuncia una de tráfico».