Pilar Rahola: Juego e impuestos

Entiendo los argumentos de Mas-Colell, pero no los comparto. Y por entender, lo entiendo todo: necesitamos inversiones importantes, el proyecto Barcelona World puede ser fundamental para nuestro futuro, dará mucho trabajo, debemos competir con los grandes del sector, etcétera. Además, está lo de Eurovegas y la alfombra roja que le han puesto las autoridades pertinentes, sin ningún complejo moral. Desde la perspectiva económica, pues, los números barajados son macros, y Catalunya siempre es sensible a las iniciativas que dan impulso a nuestra sociedad. Hasta aquí, los argumentos tienen mucho peso.

Sin embargo, ¿qué pasa en segunda lectura, cuando nos explican que los impuestos que pagan los casinos pasarán de los tramos actuales, que pueden llegar al 55%, al tipo máximo del 10%? Dicho en plata, el todopoderoso sector del juego impone sus razones con el argumento tan sólido y colonial de «si no me los bajáis, no voy». ¿Es cierto que es una condición sine qua non para aceptar el proyecto? ¿O lo hemos hecho porque esa es nuestra generosa manera de darles la bienvenida? Y es a partir de aquí cuando mi comprensión se torna rechazo. Y no por el sector económico del que se trata, aunque reconozco mi alergia al juego, porque es evidente que no es el tipo de economía que más valores revierte en una sociedad. Pero aceptando todas las formas legales de ocio, y entendiendo la importancia del proyecto, me parece inaceptable que se acepten imposiciones legales, como si fuéramos una colonia a punto de recibir a Mister Marshall. Asegura el conseller que el dinero público que perderemos a causa de la rebaja impositiva se ganará sobradamente con los beneficios económicos que reportará el negocio. Buen argumento. Sólo que ese argumento sirve para todo. Por ejemplo, si rebajaran los impuestos de las asfixiadas clases medias, podrían consumir más, moverían la economía y ello aumentaría los ingresos públicos. Y así hasta el infinito. Lo cierto, sin embargo, es que nos plegamos ante el sector porque enseñan la billetera a un país hambriento de inversiones, y ello es un incentivo poderoso para cambiar las leyes. Personalmente me parece deplorable porque implica subordinar la soberanía de un país a las exigencias de un lobby económico. Y no lo digo en los términos populistas clásicos, porque soy de los que defienden el dinamismo y la importancia del mundo empresarial. Pero me resulta inadmisible que cambiemos las leyes porque lo imponen unos consejos de administración. Y más cuando se trata de bajar impuestos a un sector de grandes beneficios, mientras los ciudadanos de a pie están tributariamente sobrecargados. Creo que es un comportamiento de país subordinado que dice poco de nuestra manida dignidad nacional. Porque perdonen, pero no podemos reivindicarla para hablar en un foro económico, y después perderla por exigencia de un grupo de presión.