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22 abril, 2009Rafael Catalá, secretario general de CODERE, compañía que gestiona más 160 salas de apuestas deportivas en varios países (95 de ellas en España), pidió hoy una regulación de la materia en la Subcomisión de Deporte Profesional del Congreso ante «la ausencia absoluta de legislación».
Catalá distinguió la situación actual de las apuestas físicas y las que se hacen por Internet.
Asimismo, planteó la necesidad de regular los conflictos de intereses entre las casas de apuestas y los clubes deportivos, de forma que»existan unos códigos de conducta y reglas éticas para garantizar que las casas de apuestas que patrocinan no tengan ninguna incidencia sobre la actividad deportiva».
«Por internet hay una ausencia absoluta de legislación que está permitiendo que se realicen apuestas sin ningún control por parte de las administraciones públicas. No hay supervisión, ni control, ni garantías de protección de menores. No hay fiscalidad, las empresas que están operando por Internet no pagan impuestos y es una violación de la competencia en relación con las empresas que tienen concedidas licencias y que tributan en España», explicó a EFE.
Catalá recordó que ya hubo una ley en 2007, «la ley 56/2007 que daba mandato al Gobierno para que hiciera una ley sobre esta materia» y lamentó que «el vacío legal está generando una situación muy complicada en un segmento del comercio electrónico que está generando volúmenes económicos muy importantes».
«No hay estadísticas oficiales, pero en alguna documentación he visto cifras que hablan de apuestas en torno a mil millones de euros y que crecen a tasas de 20 o 25 por ciento interanual; pero son empresas que no tienen sede en España, que no declaran a Hacienda y no reportan ante los mercados, pero tienen un volumen muy importante», comentó.
Catalá recomendó comparar modelos de legislación sobre la materia como el británico, que «está muy consolidado, en el que pagan impuestos y hay un supervisor de los conflictos que da licencias», y avistó también de la necesidad de regular las apuestas físicas.
«Sería muy conveniente una coordinación entre las comunidades y el Estado, de forma que sea un modelo único, armonizado, respetando las competencias de las comunidades pero que permita un cierto reconocimiento de licencias en todo el territorio nacional», concluyó el responsable de CODERE, única compañía que tiene licencia para operar en el País Vasco y Madrid, las dos únicas comunidades que han legislado sobre la materia.




