Tregua en el conflicto de las terrazas entre Colau y los restauradores

El ayuntamiento se compromete a evaluar en un mes las afectaciones tras los cambios en la ordenanza, y a tener lista en 5 meses la solución final. Gremio y consitorio también acercan posiciones para frenar el cierre de terrazas de establecimientos históricos incompatibles con la norma.

Con el nuevo año comienza a aflojar la fuerte tensión que se ha vivido entre el sector de la restauración y el Ayuntamiento de Barcelona por el espinoso asunto de la ordenanza de terrazas de la ciudad. Por primera vez desde su mandato, la alcaldesa Ada Colau se reunió ayer con representantes del Gremi de Restauració para tratar de desencallar el conflicto que ha puesto a bares y restaurantes en pie de guerra. A falta de alcanzar un acuerdo final, el sector se muestra aliviado por la promesa personal de Colau de que antes de que llegue el verano habrá una solución definitiva y, en principio, dialogada. Los restauradores confían en que hasta entonces no haya mano dura.

El 2015 fue muy convulso para los empresarios que tienen terrazas en la vía pública porque entró en vigor el apartado de la ordenanza que alude a las distancias que mesas y sillas deben mantener con el mobiliario urbano. Afectaba a unos 2.200 casos (casi la mitad de la oferta) que en mayor o menor medida tenían que recortar sus veladores. Incluso finiquitarlos, voluntariamente o a la fuerza. El gremio, que llevaba meses aguardando una reunión con la alcaldesa, le propuso ayer congelar ese polémico artículo, a la espera de completar el debate reabierto sobre la regulación de las terrazas. El ayuntamiento ya aplazó el pasado diciembre los apartados que debían entrar en vigor este enero y el próximo año sobre la ubicación de las mesas respecto a las fachadas y la accesibilidad y dotación de sanitarios.

ACERCAMIENTO
Sin embargo, Colau -que en un tuit hablaba después de «trabajar conjuntamente con sentido común para una nueva ordenanza»- descartó esa prórroga. Sí aceptó buscar con rapidez una solución dialogada que alivie la amenaza que pesa ahora sobre cientos de negocios. Los leves cambios en las distancias aprobados hace unas semanas en comisión de gobierno (con el voto contrario de las patronales de restauradores, panaderos, Pimec y la Cambra de Comerç en la comisión técnica previa) solo salvan un 10% de las afectaciones, lo que mantiene al sector movilizado. Ante las quejas expresadas ayer, Colau anunció que antes de un mes tendrá listo un mapa real de las actuales afectaciones por barrios y distritos.

Una vez establecido su alcance y tras evaluar los cierres o recortes que implicaría en cada zona, el ayuntamiento se dará cuatro meses para tener una decisión definitiva al respecto, con los ajustes que decida, tras escuchar al sector. El desenlace está por ver, pero el gremio sintió ayer que este ha sido el primer paso dado por el ayuntamiento con vistas al acuerdo. «Lo consideramos una tregua después de meses de mucha tensión y tenemos la sensación de que hay ganas de consenso por las dos partes», señaló a este diario el director del gremio, Roger Pallarols. «Es importante tener claros los efectos indeseados de la norma y ver su impacto», agregó.

DIFERENCIAS TERRITORIALES
Pallarols considera que también ha habido acercamientos al considerar que «las distancias no pueden ser iguales para todos y ha de haber un margen de aplicación según el territorio», aunque obviamente la patronal defiende un margen más generoso, mientras que el ayuntamiento quiere ser sensible también a la opinión vecinal sobre la ocupación de la vía pública. El consistorio, asumió la importancia de la actividad económica y el estilo de vida mediterráneo que implica el terraceo. Pero fuentes municipales hicieron énfasis tras la cita en la «oportunidad de hacer compatible el descanso vecinal» con el negocio. El gran reto será encontrar el equilibrio de intereses.

Durante la reunión, en la que también estuvieron presentes el concejal de Ocupación, Empresa y Turismo, Agustí Colom, y la de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, se trató en menor profundidad la amenaza que pesa sobre los locales históricos abocados a perder toda o o parte de la terraza, como es el caso de la Bodega Sepúlveda, por ejemplo. En no pocos casos su estructura impide asumir las futuras medidas de accesibilidad o espacio para lavabos. El gremio cree que comparte sensibilidad con el equipo de gobierno para buscar una salida a estos casos.

No hubo tiempo para ahondar en otro tema que mantiene en jaque a los operadores, la regulación específica de las 30 zonas consideradas singulares, sobre las que el consistorio también trabaja, aunque ralentizadamente.