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El volumen de apuestas en Andalucía durante el 2018 superó los 107 millones, de los que se devolvieron en premios 86 millones, lo que arroja un juego real por andaluz mayor de edad de 3,14 euros al año, un “parámetro discreto” en relación a otras comunidades, según el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
El consejero ha aportado estos datos en el Parlamento, donde ha avanzado que la Junta va a instar al Ejecutivo central a regular el juego por internet y su publicidad, ya que “se incita de manera reiterada, principalmente en eventos deportivos en televisión“, a realizar este tipo de práctica.
En su opinión, comparando con otras comunidades de similar población el escenario del mercado de apuestas por habitante en Andalucía es “muy discreto“.
En Cataluña fue de 4,30 euros por habitante y en la Comunidad Valenciana, con apuestas en hostelería, se alcanzo los 16,6 euros por habitante, ha precisado en una comparecencia sobre la proliferación de apuestas por internet y casas de juego.
A final del mes pasado -ha explicado- la apuestas presenciales se encontraban autorizadas en Andalucía en 849 establecimientos de juego, de los que 35 son salas de bingo, 5 casinos y 811 salones de juego. Además, en la comunidad solo están autorizadas siete tiendas de apuestas.
Según el consejero, los locales o casas de juego se encuentran en “franca retracción” al situarse en 77 menos que en el 2010, cuando había 922.
También ha recordado que la comunidad existe un régimen de distancias obligatorias entre establecimientos de juego para evitar la saturación de estos en zonas urbanas.
“He de reconocer que el Gobierno anterior hizo un buen desarrollo reglamentario del sector“, ha admitido.
Bravo ha explicado que la regulación del juego a través de internet y la concesión de licencias corresponde a la Administración del Estado, mientras son las autonomías las que otorgan las autorizaciones para la apertura de locales de juego y apuestas.
Las apuestas deportivas fueron reguladas en Andalucía mediante un decreto que entró en vigor en el 2018 que prohíbe las apuestas presenciales en establecimientos de hostelería y limita la oferta a salones de juego, salas de bingo y salones juego autorizados.
“Se hizo por el anterior Gobierno con la finalidad de evitar el juego a los menores y a personas con ludopatía como medidas de control y prevención“, ha subrayado.
Viendo el nivel de acuerdo entre los grupos a la hora de limitar en la regulación las apuestas por internet y de prevenir los perjuicios que causan a los jóvenes, Bravo ha propuesto que presenten un análisis de la situación con propuestas que incidan en la colaboración de todas las administraciones.
También ha barajado la posibilidad de obtener una partida del impuesto a las empresas de apuestas que cobra el Estado para luchar contra estas adicciones.
Todos los grupos ha coincidido en tomar medidas de colaboración con los ayuntamientos y el Estado frente a la proliferación de las apuestas por la red, en sancionar con mayor rigor al acceso a los menores a las casas de apuesta y en regular la publicidad de estas empresas.
Además, han barajado que se eviten los patrocinios de equipos deportivos con estas empresas y, sobre la implantación territorial de las salas de juego, evitar la concentración y garantizar una distancia mínima de las zonas vulnerables o campañas de sensibilización.
