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El sector del juego privado se opone a la modificación de la Lei do Xogo que abre la puerta de la hostelería a terminales de la ONCE y de Loterías del Estado.
A la incertidumbre provocada por la pandemia, que ha cerrado los establecimientos y ha cortocircuitado el filón de la hostelería, el sector del juego suma nuevas preocupaciones. Las empresas han expresado su disconformidad con los cambios regulatorios que planea introducir la Xunta, que está tramitando la Lei do Xogo de Galicia para dar seguridad jurídica y estabilidad a los operadores, pero sin el consenso que requieren tales objetivos.
La patronal Ageo, la asociación de bingos Abiga e incluso grandes y habitualmente discretos grupos como Luckia y Comar han expresado su consternación respecto a los cambios regulatorios que vienen en una reunión mantenida en la Confederación de Empresarios de Galicia con el nuevo presidente, Juan Manuel Vieites.
A pesar de que la Lei do Xogo de Galicia se armó en diálogo con el sector, la Xunta, en este caso bajo la responsabilidad del vicepresidente Alfonso Rueda, introdujo cambios en el anteproyecto durante el mes de diciembre. La modificación más relevante en la nueva redacción es que abre la puerta de la hostelería a la instalación de terminales de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado. En un comunicado conjunto, las dos mayores empresas gallegas del sector y las dos patronales, han señalado su “preocupación” por la “más que posible” introducción de una nueva oferta de juego en hostelería que “supondría la ruptura del status quo vigente, que ha venido funcionando a lo largo del tiempo y que ha posibilitado el desarrollo de un sector regulado, asentado en la sociedad y con una importante contribución a la creación de riqueza y empleo en la comunidad”.
Aunque el escrito ni siquiera especifica cuál es el problema, lo cierto es que en el sector hace semanas que ven con preocupación la evolución de la nueva normativa, pues rompe con la tradicional contención de la oferta y los pequeños premios de la hostelería para permitir la proliferación de terminales del juego público.
Luckia, Comar, Ageo y Abiga representan casi la totalidad de la actividad en el sector del juego privado de Galicia, que sostiene unos 1.800 empleos, más de 200 empresas y aporta unos 61 millones al año en impuestos.
Reivindican una norma moderna “que sirva para muchos años y que permita el desarrollo económico de los diferentes subsectores de la industria del juego en Galicia” y advierten que la pandemia y el cierre de la actividad “pone en serio riesgo la supervivencia de muchos negocios y empleos”.
