El Gobierno acepta renegociar las restricciones en la hostelería
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Sanidad permitirá abrir discotecas y pubs en al menos 15 comunidades y convertirá en «recomendaciones» sus órdenes para la hostelería tras el revolcón judicial sufrido ante Madrid.
Tras el revés sufrido el lunes con la decisión de la Audiencia Nacional de parar las nuevas restricciones para el control de la pandemia en la Comunidad de Madrid después de que esta presentara un recurso, el Ministerio de Sanidad tuvo que dar marcha atrás y elaborar una nueva propuesta de medidas alternativa para presentar a las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública celebrada hoy, y que mañana será debatida en el Consejo Interterritorial.
Las restricciones a la hostelería y la restauración fueron uno de los puntos más polémicos de la declaración de actuación coordinada aprobada la semana pasada (con el voto en contra de Andalucía, Madrid, Cataluña, Murcia y Galicia, y la abstención de Castilla y León). Por eso, la mayoría de las novedades se producirán en este sentido.
De este modo, la propuesta de Sanidad modificaría el apartado que regula el ocio nocturno, cuya apertura solo se permitía hasta máximo las 3:00 horas a las regiones que estuvieran en los niveles 0 y 1 de alerta. Las que estuvieran en nivel 2 podían valorar la apertura en base a cumplir unos indicadores que mostraran una evolución favorable. Pero ahora, eso no sería necesario, ya que podrían abrir también sin restricciones (la hora de cierre seguiría siendo la misma).
Con estas directrices, en este momento un total de 15 comunidades autónomas podrían abrir discotecas y pubs, y solo en La Rioja y el País Vasco permanecerían cerrados al estar en nivel 3. «La apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar cuando la situación epidemiológica de la unidad territorial de referencia para el control de la Covid-19 de la comunidad autónoma en la que se encuentre el local esté fuera de los niveles de riesgo o en los niveles de alerta 1 y 2, de acuerdo al documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la trasmisión de Covid-19», según recoge el borrador del texto, informa Efe.
En lo referente a la hostelería también se producirían modificaciones, ya que se eliminarían las restricciones publicadas en la orden del Boletín Oficial del Estado (BOE), que consistían en la apertura de bares y restaurantes hasta la 01:00 (aunque dejando de servir las mesas a la 00:00), así como un aforo máximo del 50% en el nivel 1, que ahora quedarían sin efecto y se transformarían en meras «recomendaciones».
Además, el documento presentado por Sanidad incluye un párrafo en el que se especifica que las medidas de la «nueva normalidad» acordadas «podrán ser objeto de revisión y flexibilización a medida y en consonancia con la evolución de la pandemia» de la Covid-19, lo que permitiría que cada comunidad articule sus medidas según su situación epidemiologica.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, confió en poder alcanzar «un nuevo acuerdo» con las comunidades sobre las medidas de control de la epidemia, aunque advirtió de que el consenso «está cada vez más complicado». La titular del departamento declaró que tiene su «mano tendida» a las autonomías, y defendió que en ella siempre va a haber «respeto a las competencias autonómicas y al ámbito de actuación».
Desde que se publicó en el BOE las medidas de la «nueva normalidad» las reacciones políticas a la política errática de Sanidad han sido constantes. Varios líderes políticos y presidentes autonómicos se han pronunciado sobre la situación de inseguridad jurídica surgida, aunque algunos han valorado el hecho de que Sanidad rectifique para dar una oportunidad al consenso.
Así, el presidente del PP, Pablo Casado, destacó el «bandazo» dado por el Gobierno en las restricciones contra la Covid tras la decisión de la Audiencia Nacional, que evidencia que «Sánchez solo acierta cuando rectifica». En esa línea se manifestó la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, que consideró un «caos» la actuación del Gobierno, y que las resoluciones judiciales prueban que se «equivoca» y que sus decisiones van «contra el ordenamiento jurídico».
La ironía fue la respuesta del portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ante la polémica. Así, señaló que la ministra Darias se encarga de recordar a la sociedad «cada dos por tres mediante sus diversas meteduras de pata» que seguimos en pandemia, e insistió en que su partido lleva pidiendo un «plan B» para la desescalada desde que se negoció las prórrogas del estado de alarma con el Ejecutivo.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, echó un capote a sus socios de Gobierno al señalar que el Ejecutivo se ha comportado de forma «prudente» al decidir elaborar un nuevo documento, después de que tratara de invadir competencias «absolutamente autonómicas».
Íñigo Errejón, de Mas País, consideró que el «guirigay» que se ha originado es consecuencia de no haber tomado medidas alternativas al estado de alarma, e instó al Gobierno de Sánchez a «generar certezas», mientras que los gobiernos autonómicos deberían consensuar las nuevas medidas contra la pandemia.
Para la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, las restricciones «no consensuadas» suponen «una invasión competencial de libro y un ataque directo a la soberanía de los gobiernos autonómicos”.
Por su parte, la portavoz socialista Adriana Lastra, defendió a Darias al indicar que las decisiones que adopta se basan en el criterio de los expertos y no por políticos, y que la declaración de actuaciones coordinadas fue aprobada por el Consejo Interterritorial. «Sabemos que la desescalada y la cobernanza iban a ser complejas», subrayó.
