Aragón: El Justicia niega que la Ley de Gran Scala sea ‘ad hoc’

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, negó hoy que el proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que están tramitando las Cortes de Aragón y que permitirá poner en marcha el complejo de ocio y juegos de azar Gran Scala, sea una norma elaborada ‘ad hoc’. García Vicente reconoció que los juegos de azar pueden ser peligrosos.

Fernando García Vicente hizo público hoy, jueves 30 de julio, un informe monográfico sobre el proyecto de ley, elaborado tras presentar una queja Izquierda Unida de Aragón y en el que señala que, inicialmente, el proyecto de ley sí se ajusta a la Constitución de 1978 y al Estatuto de Autonomía.

Explícitamente, el Justicia evita valorar la «conveniencia y oportunidad» de proyectos como Gran Scala, así como sus objetivos sociales y económicos, tras lo que señala que en torno a este asunto «puede haber posturas legítimamente divergentes y cuestiones opinables sin que ello afecte a la constitucionalidad de la ley».

El Justicia se remite a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) para indicar que el Ejecutivo, que en este caso fue el que presentó la iniciativa legislativa como proyecto de ley, está amparado por «un amplio marco de discrecionalidad», salvo cuando se produzca una «falta de razonabilidad», de tal manera que los  tribunales deben mantenerse al margen.

García Vicente elude pronunciarse sobre si la futura ley llegará a tener «reflejo en la realidad». Sin embargo, insta al Gobierno autónomo a que informe y motive las resoluciones que se adopten en desarrollo de la ley, ya que «la transparencia es una garantía necesaria para permitir su control».

El titular de la institución insta, asimismo, a cumplir la ley y su posterior desarrollo normativo «en sus estrictos términos y en correcta interpretación», siempre «considerando el especial supuesto de hecho que regula».

García Vicente prosigue indicando que el ordenamiento jurídico español permite los juegos de azar, aunque reconoce que se trata de una actividad que «puede ser peligrosa» para los enfermos de ludopatía y también para los menores de edad y «otras personas vulnerables».