El nuevo borrador de Ley incluye un tipo del 35% para el juego ‘online’

Desde elEconomista.es ofrecemos íntegra la Mesa Redonda en la que se denunció la ilegalidad del sector

El sector del juego español ha recibido con asombro el nuevo borrador de la Ley del Juego elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, fechado en el mes de noviembre, y que transpone el modelo adoptado por Francia, puesto que incluye un tipo del 35% sobre los ingresos brutos (sin descontar los premios), cerca de diez veces más que los vigentes en Reino Unido e Italia.

Críticas al modelo francés
El modelo francés es criticado por sus malos resultados comprobados, al tratarse de un tipo de gravamen que repercute sobre la competitividad del mercado y recorta los premios del consumidor.

La experiencia francesa, señalan las diferentes fuentes consultadas, motiva que los apostadores realicen sus apuestas en webs de otros países donde obtienen mejores precios, sobre todo domiciliados en paraísos fiscales y territorios off shore aunque no cuenten con la protección del paraguas de la legislación francesa sobre consumo.

Comunidades autónomas y Economía mantienen estancado el debate sobre la gestión y reparto de los ingresos tributarios del juego online, tras la reunión de la pasada semana en Toledo.

Las empresas del juego online cometen un delito de contrabando
Mientras tanto, el Economista.es ofrece íntegra la Mesa Redonda sobre el Juego, celebrada el pasado jueves, 18 de noviembre de 2010, en la que los presidentes de la Sala Segunda y Quinta del Tribunal Supremo, Juan Saavedra y Ángel Calderón, denunciaron que las empresas del juego online están cometiendo un delito continuado de contrabando y, de forma complementaria, delitos en contra de la Ley de Prevención del Blanqueo, tanto de forma dolosa como por falta de la diligencia exigible en su actividad preventiva.

Las imágenes de la jornada, organizada por la asociación de periodistas jurídicos Acijur, la editorial jurídica Datadiar y el Centro Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid, se encuentran en Ecoley.

La situación actual del sector la definió Pascual Sala, magistrado del Tribunal Constitucional, al afirmar que «las cifras son escalofriantes. España podría haber recaudado 700 millones de euros al año por los tributos que se han dejado de pagar».