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La futura Ley del Juego ya está en el Senado, tras recibir más de un centenar de enmiendas, pero tanto a las empresas del sector como a los inspectores de Hacienda les preocupa que se permita que el control de la gestión del juego se mantenga fuera de España.
Así, Francisco de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda, ha explicado a elEconomista que «habría que exigir que las unidades de juego si no están en España, al menos estén en un Estado miembro de la Unión Europea y no en paraísos fiscales».
El problema que plantea el proyecto enviado al Senado desde la Comisión de Economía del Congreso es que si las autoridades españolas (Policía o Hacienda, por ejemplo) necesitan comprobar si la información que consta en el servidor que copia (instalado en España) los datos del servidor original que gestiona el juego y las apuestas para comprobar si no están siendo falseados, deberán solicitar la autorización de las autoridades del paraíso fiscal, con el que España no contará con tratados de intercambio de información.
Sin embargo, si estos servidores se instalan en España o en cualquier otro país de la Unión Europea (Alemania, Austria, Reino Unido, Francia, Dinamarca, etc….) el acceso de las autoridades españolas estaría asegurado y, además, se cumplirían las directivas de libertad de prestación de servicios de la UE.
Este control, contenido en la plataforma tecnológica es el que gestiona el juego y el que tiene que controlar los ingresos de la compañía, los impuestos, la negativa de acceso a menores de edad o de los ludópatas incluidos en las listas por decisión propia o sentencia judicial.
El proyecto, sin embargo, sí ha avanzado a través de las empresas acordadas por los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados al obligar a los operadores de juego online a utilizar dominios .es (correspondiente a España) en lugar de .com (genéricos para las sociedades en todo el mundo).
El problema con los paraísos fiscales es que no existen tratados de intercambio de información, sino simples acuerdos. Así, en la Operación Malaya, aunque un equipo de la Inspección de Hacienda pudo acceder a la información en la propia colonia británica, les fue imposible seguir el rastro de las pistas que seguían, ya que el administrador fiduciario de las sociedades investigadas no conocía la identidad de sus clientes, sino simplemente una clave, a través de la que recogían instrucciones, según han revelado fuentes de la Inspección.
