El duro obstáculo de la hípica

El futuro de las carreras y la cría de caballos se tambalea. Cada vez son más altos los obstáculos que se deben saltar y menores las ayudas que se reciben para que el negocio continúe y siga creciendo.

 

Todo resulta poco en un sector que mueve anualmente 50 millones de euros y donde se hacen apuestas por valor de otros 25 millones más, según datos de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar Española (SFCCE), ente regulador que vela por la pureza del caballo, la «limpieza» de las carreras y la transparencia de los comisarios, jueces o cualquier tipo de actividad desarrollada de forma directa o indirecta en nuestro país.

 

En España hay 1.012 caballos registrados disputando las más de 500 carreras anuales que se celebran, que son bastante menos de las 4.000 que se contabilizan en Francia. En concreto, en nuestro país, por cada equino nacido para estos menesteres se crean 5 puestos de trabajo entre veterinarios, proveedores de alimentos, entrenadores, jockeys… «El Gobierno de Zapatero tiene atrapada a la industria bajo una Ley de Juegos irracional». Así de rotundas se muestran las palabras de Manuel García Orozco, presidente de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar Española. Desde la asociación afirman que la ley «no reconoce retorno al sector», algo que perjudica seriamente tanto a criadores como a hipódromos. Estos últimos se ven entre «la espada y la pared», ya que por un lado apoyan las peticiones que desde la SFCCE reivindican, pero por otro, se muestran reacios a expresarse abiertamente, al ser organismos de capitales públicos, según declaraciones desde el Hipódromo de la Zarzuela a elEconomista. Precisamente, éste divide su capital en dos; el 96 por ciento pertenece a SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y el 4 por ciento a LAE (Loterías y Apuestas del Estado).

 

Aunque cada jornada que se celebran carreras en el Hipódromo de Madrid deja en torno a 200.000 euros de beneficios, la sociedad pública sigue en ‘números rojos’. En 2010 perdieron en torno a 2,7 millones de euros, de unos ingresos de más de 16 millones de euros. Aunque desde el propio Hipódromo aseguran «que genera tal cantidad de mano de obra, que compensa los millones de pérdidas». Actualmente tienen en plantilla casi 200 personas y dan empleo indirecto a unas cuantas más.

 

En España la crisis se ha dejado notar algo más que en otros de los países situados a la cabeza en el sector. Esto se debe a que los «mecenas» que financian la actividad han sido «golpeados con mayor fuerza por la crisis del ladrillo» en nuestras fronteras. En Europa, sin embargo, estas figuras «han sufrido menos pérdidas, ya que procedían de actividades más asentadas», comentaban desde el recinto a este periódico. Una de las soluciones que citaban a la crisis que viven y que ha reducido sus ingresos un 40 por ciento, sería la posibilidad de que la nueva Ley de Juego permitiera las apuestas externas al propio circuito, algo que multiplicaría las probabilidades de ganancias del sector.

 

Otro de los puntos en común entre criadores, jinetes, propietarios, entrenadores e hipódromos españoles es la necesidad de emular el «modelo francés», uno de los que más dinero mueve y mayor aportación al PIB del propio país genera, un 2 por ciento en el caso galo, y que da trabajo de forma directa a 68.000 personas e indirecta a más de un millón. «Actualmente las carreras de caballos son la tercera industria a nivel nacional en Francia. Intentamos fijarnos en los aciertos de su modelo y evitar los errores cometidos allí», afirma García Orozco.

 

A esa cifra hay que sumar, además, los incentivos y ayudas que concede el gobierno a criadores y propietarios, a los que les corresponde un porcentaje del dinero recaudado por las apuestas según la cotización que alcanza también su caballo. Así se promueve la supervivencia de esta industria.

 

De los 9.000 millones de euros que produce, un 7 por ciento va íntegramente para el propio sector, un acierto para la SFCCE, «del que no disfrutamos en nuestro país». Precisamente es este asunto, el del retorno al sector, el protagonista de una de las alegaciones de la asociación a la Ley de Juegos a las que ha tenido acceso elEconomista, y que propone que un 8 por ciento de la recaudación obtenida en cada programa sea distribuida entre los organizadores según lo dispuesto en el artículo 2.4 de la nueva Ley de Juego de nuestro país.

 

Otro punto clave de estas alegaciones es el relativo a la no diferenciación en el texto entre las apuestas mutuas simple, y las múltiples o combinadas, donde las primeras «quedarían con un porcentaje claramente por debajo del posible para el mismo tipo de apuesta en contrapartida, entre un 50 por ciento y un 75 por ciento».

 

El tercer y último alegato hace referencia a la definición de «evento hípico», y desde la sociedad entienden que dicho evento solo puede ser organizado por una entidad reconocida por la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (FIAH), algo que el Ministerio deja «muy abierto» en la Orden Ministerial.

 

Tras el espectáculo en sí se mueven además ingentes cantidades de dinero y una regulación y normativa estricta. Entre los grandes turfs se reparten 6 millones de euros en premios. Optan a ellos los cuatro primeros caballos en llegar a meta. Por ejemplo, en el Gran Premio de Madrid, la recompensa en metálico, (una de las más cuantiosas a nivel nacional), es de 42.000 euros para el ganador. El 80 por ciento de esa cantidad es para el propietario, el 10 por ciento para el entrenador y el 10 por ciento restante para el jockey. Esta cifra se vuelve insignificante cuando se compara con el primer premio de la carrera Arco del Triunfo, en Francia, donde solo para el primero van a parar 2 millones de euros.

 

Todo se sustenta en el espectáculo que generan los buenos caballos. Por tanto, el nacimiento y cuidado de los mejores ejemplares conlleva una serie de rituales y dedicaciones especiales por parte de muchas manos.

 

Mayoritariamente, son caballos Pura Sangre Inglés, los más rápidos y los más resistentes; desde SFCCE buscan el «purismo de esta raza» comenta García-Orozco, existente desde el siglo XVIII cuando yeguas madres francesas fueron cruzadas con sementales árabes importados para crear corredores de distancia.

 

Estos animales, para uso profesional y deportivo, suelen comprarse con un año de edad en subastas organizadas por los criadores. Normalmente son del propio territorio, ya que la cría nacional da ejemplares suficientes como para cubrir la demanda y además exportarlos. Comienzan a competir a los dos años, y la media de éstos en carrera es de cinco. Excepcionalmente, se pueden ver caballos de hasta 9 y 10 años, según el esfuerzo al que se les someta y después son retirados, revendidos o destinados a ser sementales.

 

El gasto de manutención es de 1.000 euros mensuales, aproximadamente, por cabeza. El ajuste en los bolsillos de los propietarios les ha llevado a agudizar el ingenio en estos desembolsos y se han creado cuadras multipropiedad. En éstas los gastos y el espacio se comparten con los poseedores de otros caballos.

 

No son agentes nuevos en el mercado, se trata de una industria antigua, con años de solera que se remonta al 1800, época de reyes, grandes mandatarios y conflictos.

 

La primera carrera pública en nuestro país data de 1844 y ya en ese año, el Duque de Osuna había creado la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar Española.

 

Fueron unos comienzos esperanzadores favorecidos por el contexto internacional, nada que ver con los que se viven en la actualidad. Así, la SFCCE, cada vez tomaba mayor protagonismo y poder dentro del mundo del caballo, hasta convertirse en el ente regulador que hoy día es. Este organismo en los años 90 gestionaba, incluso, las quinielas hípicas y gracias a ellas y a la explotación de los hipódromos, ingresaban al año algo más de 3.500 millones de pesetas.

 

Esos años de esplendor parece que no volvieron más.

«Romper con la imagen elitista del sector» es uno de los próximos objetivos que se marcan desde la asociación, según comenta su presidente a este periódico.

 

Además. en los últimos tiempos están apostando por acercar este hobbie a entornos más familiares, alejándolo de la mala imagen que desprenden estos espacios en otro países como Argentina.

 

«Queremos y tenemos que popularizar las carreras de caballos, llevarlas a los pueblos, pero de una forma profesional» añade.

 

Creen que éstas pueden formar parte perfectamente de las fiestas locales de muchos municipios por todo el territorio español, como lo son actualmente las corridas de toros. «Hay que ir construyendo pequeños hipódromos y buscar patrocinadores» añadió el presidente. Uno de estos pequeños espacios que ha recibido la ayuda de la sociedad ha sido el de la localidad de Antela, en Orense. Gracias a la compra de equinos portugueses y a la promoción de las jornadas, han aumentado un 30 por ciento el número de caballos participantes, otorgando prestigio y reconocimiento a una zona que cuenta con una industria agrícola del sector renovada y que proporciona unos ingresos muy altos al entorno rural de la comarca.

 

Los próximos años serán clave en la búsqueda de inversores privados, como comenta García Orozco, pero para esto será necesaria una Ley de Juego, que garantice unos beneficios que resulten atractivos para estos «nuevos mecenas». Cerrado ya el plazo de alegaciones, habrá que esperar para ver en que manos queda el negocio, si finalmente se sigue adelante la ley tal y como está o si desde el Gobierno tienen en cuenta dichas alegaciones y adaptan la normativa a sus exigencias.