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9 julio, 2012Economía decide esta semana si sigue adelante con la operación o la descarta. La idea es obtener un máximo de 20.000 millones a seis u ocho años y a tipos más bajos que los actuales En lo que resta del 2012, el Estado debe captar casi 30.000 millones en deuda a medio y largo plazo.
El Tesoro busca alternativas ante el creciente nerviosismo de los mercados y estudia realizar próximamente una emisión de deuda pública que tendría como garantía las acciones de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), la empresa pública de juego. La operación se estructuraría a través de una subasta de bonos con vencimiento en el 2018 o el 2020 y la idea es que permitiera captar un mínimo de 12.000 millones y un máximo de 20.000 millones de euros.
La decisión definitiva se tomará esta semana. La fórmula es innovadora y cuenta, según apuntan fuentes financieras, con algunas ventajas que está valorando en estos momentos el Tesoro. La más importante es que ayudaría a salvar las reticencias de los inversores en un momento en el que la prima de riesgo se encuentra otra vez cerca de los 600 puntos básicos y con el bono a diez años al borde del 7%, un nivel propio de países rescatados.
Para el Tesoro, la operación tendría sentido si permitiera cubrir una parte muy significativa de las necesidades de financiación del presente ejercicio y si el coste de emisión de los bonos fuera del entorno del 5% o similar, considerablemente más bajo que el de las últimas emisiones a largo plazo.
Según el Ministerio de Economía, hasta finales de año queda pendiente emitir deuda a medio y largo plazo por 30.000 millones (de un total de 86.000 millones netos), con lo que la operación que está en estudio permitiría encarar los meses que quedan con casi todo el trabajo hecho. Para eso, la emisión debería acercarse a los 20.000 millones.
Para los inversores, tan reticentes en la actualidad a acudir a las subastas a medio y largo plazo, se trataría también de un buen negocio. Aunque Loterías no tiene rating, la recurrencia de sus resultados económicos –a pesar de la crisis gana unos 3.000 millones anuales– y la solidez de su balance le convierten en una garantía de primer nivel para cualquier emisión. No estarían cubiertos con la garantía del Estado –como el resto de los bonistas–, sino con las acciones de una empresa concreta, muy rentable y con una valoración que en circunstancias normales superaría ampliamente los citados 20.000 millones.
El año pasado, el gobierno socialista estuvo a punto de colocar en bolsa el 30% del capital y sopesó valoraciones superiores, aunque al final suspendió la operación por el fuerte descuento que se le exigía y por la oposición del PP, que lo consideraba malvender el patrimonio del Estado.
Como entonces, el nuevo Gobierno estudia recurrir a una de sus joyas empresariales para buscar recursos en el mercado. En el improbable caso de una reestructuración de la deuda pública española, los bonistas podrían ejecutar la garantía y quedarse con las acciones de Loterías. Otro de los puntos controvertidos es que si el Estado emite deuda con garantías de una empresa, estaría admitiendo públicamente su incapacidad para financiarse. Economía negó ayer que la operación se vaya a realizar.




