Las empresas podrán operar en todo el país con una licencia única

El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado. Se creará un Consejo en el que las comunidades negocien los límites legales.

La avidez legislativa de las comunidades autónomas ha provocado, en algunos casos, que una empresa tenga que fabricar 17 modelos diferentes de un producto para ajustarse a la normativa regional. “La maraña normativa ha sido una de las quejas habituales de las empresas nacionales y los inversores extranjeros”, aseguró ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al presentar el anteproyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Esta norma, cuando esté aprobada definitivamente en verano, permitirá a las empresas operar en todo el país con una licencia única. El Gobierno la había anunciado hace ocho meses, pero la complejidad normativa de las comunidades, entre otros asuntos, han retrasado la reforma, que nace descafeinada para evitar conflictos de competencias en un momento en que el debate sobre la soberanía de Cataluña afecta a numerosas decisiones del Ejecutivo.

Por este motivo, apenas se modifican las cuestiones lingüísticas relacionadas con el etiquetado: los productos agroalimentarios seguirán la normativa europea en vigor [deben ser en castellano], y el resto de productos se someterá a las normas vigentes en cada comunidad. Las especificaciones técnicas que deben contener las etiquetas se regirán por la normativa de origen.

La norma pretende, básicamente, garantizar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional. No afecta a impuestos ni al ámbito de los colegios profesionales. “Esta ley está basada en el principio de confianza mutua entre las comunidades. No es un proceso de centralización, ni resta competencias”, manifestó la portavoz del Gobierno durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Con esta reforma un productor solo necesitará la licencia del territorio donde fabrique sus productos para poder venderlos en todo el país. Hasta ahora, la complejidad de normas regionales provocaban, en ocasiones, que una empresa tuviera que fabricar distintos modelos de su producto para ajustarse a las diferentes legislaciones comunitarias.

Cuando la Ley de Unidad de Mercado esté aprobada bastará la autorización de una comunidad y el cumplimiento de los requisitos legales que esta exija para vender estos productos por todo el país. Respecto a la prestación de servicios, la licencia que obtiene un profesional en una comunidad le habilitará para trabajar en toda España. No obstante, la prestación del servicio se ajustará a la legislación de la comunidad donde se preste. Economía calcula que la norma tendrá un impacto del 1,52% del PIB sobre la economía en el periodo de los próximos 10 años. Serán unos 1.500 millones al año, el 0,15%, del PIB. Pero sus cálculos no son muy precisos.

Lo que sí puede generar es una competencia entre las comunidades que entren en una carrera de supresión de requisitos para atraer empresas.

Otro de los aspectos de la norma es la creación de mecanismos de cooperación entre las comunidades. Se constituirá el Consejo de Unidad de Mercado (CUM), un órgano de interlocución entre las autonomías y el Ejecutivo para analizar y solucionar los problemas de unidad de mercado y las colisiones de las diferentes normativas.

Este consejo estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que ahora ocupa Cristóbal Montoro. Por este foro deberá pasar información sobre todos los proyectos de ley de las comunidades que afecten a la unidad de mercado. Además, se facilitará a los Gobiernos regionales el acceso a los registros sectoriales. Así, podrán comprobar, por ejemplo, si un electricista tiene la correspondiente licencia técnica.

Las autonomías podrán solucionar sus diferencias en el Consejo de Unidad de Mercado en el caso de que la normativa de una de ellas le perjudique a la otra.

La norma prevé un mecanismo de solución de conflictos. Se crearán “ventanillas únicas” para que las empresas o profesionales que se sientan perjudicados por una autonomía [porque les sancionen por incumplir una norma a pesar de que se ajusta a la legislación de otro territorio o se les exija condiciones para presentarse a un concurso público que vulnere la unidad de mercado] puedan presentar quejas. También lo pueden hacer ante la Comisión Nacional del Mercado y Competencia (el nuevo organismo que engloba a todos los supervisores y reguladores sectoriales). La CNMC tendrá un plazo de cinco días para decidir sobre la procedencia de la solicitud, si lo admite interpondrá un recurso en el juzgado que en caso de que valide la denuncia conllevará la suspensión inmediata de las sanciones o los actos administrativos que les afecten.

Los casos más representativos
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aludió ayer a cinco casos en los que la maraña legislativa de las comunidades provoca ineficiencias. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado servirá, según el Ejecutivo, para solucionarlas:

Una empresa de máquinas recreativas que debido a la telaraña normativa de las comunidades tiene que fabricar 17 modelos de sus tragaperras para cada uno de los territorios. Cuando esté aprobada la ley solo tendrá que fabricar un modelo que se ajuste a los requisitos legales de una de las autonomías y con este producto podrá operar en el resto de territorios.

Compañías embotelladoras que comercializan sus productos en una comunidad pero cuando traspasa ese territorio se encuentra con que la normativa alimentaria de otra región le obliga a cambiar su etiqueta. A partir de la aprobación de la norma solo deberá cumplir con la legislación sobre las especificaciones técnicas de la etiqueta de una comunidad para comerciar en el resto.

Un fontanero o electricista debe inscribirse en el registro técnico correspondiente de cada comunidad para trabajar en cada una de ellas. Con la nueva norma solo deberá conseguir la autorización de uno de estos territorios para desempeñar su profesión en cualquiera de ellos. No obstante, cada autonomía mantendrá la compentencia sobre cómo deben prestarse los servicios y las garantías que deben tener. Todas las comunidades autónomas tendrán acceso al registro sectorial correspondiente para comprobar las licencias de estos profesionales.

Una empresa constructora a la que se le exige que tenga su sede social en una comunidad para poder presentarse a un concurso público. Esto provoca que algunas compañías creen filiales para concurrir a licitaciones públicas. A partir de ahora no se les podrá exigir condiciones adicionales que vayan contra la unidad de mercado para poder presentarse a un concurso.