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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, insistió ayer en el Parlament que la intermediación del Incasòl para adquirir los terrenos de Vila-seca y Salou donde Hard Rock levantará sus terrenos no tendrá ningún coste para la Generalitat, pese a que el contrato firmado el mes de marzo contempla que avance 96 millones (el 80% del total de 120 millones) en la operación. Desde hace años el operador de promoción de suelo de la Administración catalana tenía firmado un acuerdo con Criteria CaixaHolding (propietaria del suelo a través de una de sus participadas) por el que bloqueaba la venta de los terrenos a otros interesados y se comprometía a adquirirlos para después vendérselos a los operadores que se adjudicasen la licencia provisional para levantar y operar un casino, en una operación de “unidad de acto”.
Fuentes de la Generalitat aseguran que este tipo de operación se estructura conesa pauta, de forma que el intermediario no recupere los recursos hasta que el promotor del proyecto ejecute el contrato una vez reparcelados los terrenos, que en este caso ocurriría en 2022. Siempre y cuando el complejo vinculado al juego salga adelante. Las mismas fuentes consultadas aseguran: “El riesgo está asegurado”.
Fichaje de Cuatrecasas
Ayer Torra defendió el proyecto por el impacto en empleo que tendrá en la zona de Tarragona, mientras desde la CUP Natàlia Sànchez aseguraba que la compraventa de terrenos pone en “riesgo fondos públicos”. Los comunes han acusado a Torra y a Pere Aragonès de mentir.
El proyecto, lanzado en 2013 de la mano de Enrique Bañuelos, padece años de retrasos, aunque en octubre se tendría que cerrar la transferencia de la propiedad del suelo. Hard Rock ha ampliado recientemente el capital de la sociedad que controla la licencia con 60 millones de euros y ha reforzado su estructura. Si hasta ahora el planeamiento urbanístico ha recaído sobre Garrigues, Hard Rock ha decidido incluir en su proyecto a Cuatrecasas, a través del nombramiento de dos apoderados —Víctor Xercavins y Albert Trias de Bes Maqueda—. Fuentes conocedoras del proceso administrativo aseguran que una vez resuelto el embrollo urbanístico, Hard Rock ha de mantener negociaciones con la Generalitat, en este caso del Departamento de Vicepresidencia y Economía, para lograr la autorización definitiva para operar un casino en la zona.





