El Gobierno aplaza de nuevo el plan de choque para hostelería y comercio

Un mes después de que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, anunciase medidas económicas de choque para ayudar a los sectores más afectados por las restricciones y la crisis, el Consejo de Ministros sigue sin darles la luz verde práctica.

Y, según las diferentes fuentes consultadas por La Vanguardia, tampoco habrá noticias en la reunión del Gobierno del próximo martes. La nueva fecha de referencia, ahora, es el 22 de diciembre, a las puertas de la Navidad.

Mientras, la inquietud crece entre los empresarios de los sectores de la restauración, el ocio, el transporte, el turismo y el comercio. En el seno del Gobierno se han sucedido los debates sobre el tema, desde antes incluso de la promesa del presidente. De hecho, se han organizado reuniones de una parte del Ejecutivo, los ministros del equipo económico para discutir las medidas que adoptar sin que, por ahora, se haya alcanzado el pacto definitivo. La última deliberación se celebró el viernes pasado, en la comisión delegada de Asuntos Económicos, que reúne a los ministerios económicos y prepara la agenda del Consejo de Ministros del martes siguiente y preside la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Al final, se acordó aplazar una semana más el plan de ayudas o de choque, en su mayor parte destinado a sectores que competen al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dirigido por Reyes Maroto.

Sin embargo, el tema que monopolizó esa última reunión de la comisión delegada fue el salario mínimo interprofesional (SMI), cuyo importe para el próximo año debería fijarse ya. Su importe actual es de 950 euros y el pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos establece que a lo largo de la legislatura deberá alcanzar el 60% del salario medio, 1.200 euros.

Un sector del equipo económico del Gobierno, encabezado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es partidario de subirlo en el mes de enero, aunque sea de manera modesta, en línea con lo aprobado para los pensionistas y los funcionarios, el 0.9% incluido en los presupuestos generales del Estado.

Un planteamiento que rechazan tanto Calviño como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o el responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Este último, en una reciente entrevista en La Vanguardia , defendió que “había que ser prudente” antes de adoptar la medida. Desde el punto de vista de los que se oponen al aumento, la actual coyuntura desaconseja aumentar los costes de las empresas.

El debate en el equipo económico del Ejecutivo ha sido de alto voltaje, y han llegado a contraponerse análisis sobre los efectos de la última subida del SMI, aprobada el pasado febrero por el actual Gobierno, justo antes de la pandemia.

El clima en el Gobierno, tras los debates de estos días, parece favorable a los contrarios al aumento, aunque es prematuro dar por concluida la batalla, teniendo en cuenta los importantes efectos sociales que acabará aflorando la crisis de la pandemia.

Respecto al plan de choque para los sectores que siguen estando afectados por restricciones legales o caídas de actividad, los últimos datos de coyuntura han reforzado la posición en el ejecutivo de quienes creen que la economía está resistiendo el embate de la segunda ola del coronavirus mejor de lo previsto inicialmente.

Tanto Calviño como Escrivá están convencidos de que la economía no volverá al terreno negativo en el actual cuarto trimestre del año. Una previsión que comparte, con matices, el Banco de España, antes más pesimista. Este sector gubernamental defiende que este estado de cosas rebaja la presión sobre el Gobierno para que apruebe nuevas medidas y sobre el volumen de estas. Esto, además, permitiría controlar algo el crecimiento del endeudamiento público. Estos ministros creen que sobre la mesa ya hay muchas medidas que cubren muchos costes estructurales de los sectores aún afectados.

Una posición que contrasta, de momento, con la mantenida por el Banco de España, el Banco Central Europeo y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, defensores de seguir inyectando estímulos fiscales en las economías, aún muy afectadas por los efectos negativos del coronavirus y las caídas de consumo y actividad. Su lema es evitar más pérdidas de tejido productivo.

En cualquier caso, Calviño, con el apoyo intermitente de Escrivá y de Montero, sigue controlando el grifo del gasto y ha rechazado también algunas iniciativas de Trabajo para crear nuevas modalidades de gestión de situaciones de caída de actividad o de amenaza para la solvencia de las empresas. Este descarte se produjo en una de las reuniones paralelas del equipo económico, hace dos viernes, en el que participaron Calviño, Montero, Maroto y Escrivá, sin la presencia de Díaz, que no asistió por participar en un acto público. De todas formas, la dimensión del plan de ayudas que ahora se prepara para el próximo día 22 queda lejos de al aspiraciones de los sectores empresariales a los que van destinadas.

Las patronales reclaman programas que, en función de los escenarios, suponen un coste superior a los 20.000 millones de euros. Además, amplían el abanico de sectores que defienden deberían recibir ayudas, extendiéndolo al de la cultura, el ocio, el deporte o los transportes.