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La patronal Hostelería de España ha pedido al bufete Écija Abogados estudiar la presentación de recursos ante los tribunales en toda España para levantar los cierres y restricciones en el sector.
La decisión se adopta después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitiera ayer un auto por el cual ha aceptado la medida cautelar instada por las asociaciones de esta comunidad autónoma solicitando la reapertura de los establecimientos.
La patronal se reunirá hoy con las diferentes asociaciones autonómicas para decidir los siguientes pasos tras el auto del TSJ del País Vasco. Emilio Gallego, secretario general de la patronal a nivel nacional, explica que “el recurso contencioso administrativo se presentó considerando el grave quebranto económico, de difícil reparación, ocasionado a la hostelería, en caso de no poder ejercer la actividad, no resarcible con una hipotética indemnización futura”. Y todo ello, además, según insiste, después de que “se haya demostrado que la apertura de la hostelería no provoca una subida de contagios, y que las medidas adoptadas son eficaces”.
Medidas injustificadas
Hostelería de España considera que los cierres y restricciones aprobados por las distintas comunidades autónomas no están justificados y que el hecho de que no se determine un periodo concreto provoca inseguridad jurídica.
Con cerca de 100.000 establecimientos cerrados y unas pérdidas en el último año de 65.000 millones de euros, el 50% del total de su negocio, la hostelería española ha decidido asimismo dar un paso adelante en defensa de sus derechos y reclamar indemnizaciones por el cierre forzoso decretado tras el estado de alarma decretado el 14 de marzo del año pasado. Las nuevas restricciones autonómicas provocan ya el cierre 100.000 bares y restaurantes, un tercio del total. Las nuevas restricciones autonómicas provocan ya el cierre de 100.000 bares y restaurantes, un tercio del total. La patronal del sector ha llegado a un acuerdo con la plataforma Indemniza y el despacho Écija Abogados, que trabaja también en los recursos ante las autonomías, para presentar las reclamaciones, aunque hay muchos más bufetes y organizaciones que están trabando en procesos similares. A finales del pasado mes de octubre, con la segunda oleada del coronavirus, fueron varias las comunidades que decretaron cierres totales y, sin embargo, hasta el 22 de diciembre, dos meses después, el Gobierno no aprobó un plan de choque, con gran decepción para el sector, al carecer de subvenciones directas.
Ese plan ha incluido reducciones fiscales, apoyo para los alquileres, la inclusión del sector entre las actividades con exoneraciones en los Ertes o subvenciones para la actividad a través de los fondos de desarrollo regional. Pero el Gobierno dejó fuera las ayudas directas como el sector demandaba por 8.500 millones de euros.
“No se puede decir a una empresa que cierre, limitarle su trabajo y no tener medidas de acompañamiento directo, como en muchísimos países de Europa, nos llevan al desastre”, ha reiterado en numerosas ocasiones en los últimos meses el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.
Demanda en Cataluña
Los hosteleros catalanes también han llevado a los tribunales las restricciones en la región, donde desde julio han sufrido grandes limitaciones y periodos de cierre. Desde el 21 de diciembre solo pueden servir en el local desayunos y comidas con aforo reducido y franjas horarias acotadas, y tras la mejora de los indicadores epidemiológicos de la tercera ola reclaman poder volver a abrir en la franja de las cenas. Mientras tanto, el 21 de enero la Federación de locales de restauración y ocio nocturno (Fecasarm) presentó demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra las diversas resoluciones dictadas por la Generalitat. Por su parte, la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl) estudia llevar a los tribunales las retricciones en esta comunidad tras el fallo del Tribunal Superior del País Vasco que permite la apertura de los negocios.
El presidente de Hosturcyl, Fernando de la Varga, asegura que el fallo “supone un punto de inflexión a nivel estatal porque viene a reconocer que la hostelería no es el lugar donde se transmite el virus, que no hay nada científicamente demostrado”. En una reunión de urgencia, los presidentes provinciales se reunieron ayer para ver las posibilidades jurídicas que ofrecía el fallo del TSJPV y presentar un recurso. La sentencia palia la decepción por el retraso del Supremo sobre el toque de queda.
