Al rescate de las tragaperras

Las máquinas tragaperras también están sintiendo la crisis. Hay menos dinero en circulación y menos también el que llega a sus cajetines. Pero por cada máquina, recaude más o menos, se paga una tasa fija a la Comunidad autónoma correspondiente.

Generan cada año unos ingresos multimillonarios para las arcas públicas. Empresarios de tragaperras y Administración comparten las ganancias, así que los primeros han pedido que los efectos de la crisis también los asuma en parte la Comunidad autónoma.

En Aragón les han hecho caso y han modificado la normativa para permitir que cada empresa de tragaperras pueda reducir su parque de máquinas de juego hasta un 10 por ciento de forma temporal, durante un máximo de 13 meses. Mientras, las tragaperras que estén temporalmente fuera de servicio no tendrán que abonar la tasa a la Administración. Y si pasados los trece meses no piden el alta, la máquina perderá su licencia definitivamente.

En Aragón hay unas 9.500 máquinas de este tipo. La mayor parte, 8.379, son de clase «B1», las típicas que hay en los bares. El resto, las de clase «B2» y «B3», que permiten ser utilizadas simultáneamente por dos o más jugadores, están instaladas en salones de juego y en bingos.

Más de 40 millones en tasas
Por cada máquina «B1», el Gobierno aragonés ingresa cada año una tasa fija de 3.722 euros, que se multiplica en el caso de las máquinas «B2» y «B3» según los puestos de jugadores que tenga cada una de ellas. En total, anualmente las máquinas de juego y

azar dejan en las arcas autonómicas unos ingresos por tasas que superan los 40 millones de euros.

La reducción temporal del número de tragaperras puede suponerle al Ejecutivo autónomo dejar de ingresar varios millones de euros, pero desde la Administración afirman que la medida es razonable ante el menor rendimiento que obtienen los empresarios del juego.

«Queremos ayudar al sector para que la situación no comprometa los puestos de trabajo que dependen de esas empresas», explica a ABC el director general de Interior del Gobierno aragonés, Javier Artajo.

Un 25 por ciento menos
Es difícil saber con exactitud cuánto ha caído el juego en las tragaperras, pero Artajo calcula que el año pasado pudo rondar el 25 por ciento, a tenor del descenso que se ha producido en los bingos. En estos establecimientos sí que hay un cálculo preciso, porque los cartones están censados oficialmente y, por cada uno que se vende, un porcentaje va a parar a la Administración regional. «En el caso de los bingos, el año pasado los ingresos por impuestos de cartones de bingo cayeron en Aragón en torno a un 23 por ciento, por lo que si se extrapola al caso de las tragaperras podría rondar el 25 por ciento», explica el director general de Interior

del Gobierno aragonés.

Afirma que el problema no es que haya demasiadas tragaperras —unas 9.500 en una región que ronda el millón trescientos mil habitantes— sino la fuerte reducción de ingresos que se ha producido por la crisis económica. «El parque de máquinas de juego ha crecido de manera ordenada a lo lago de los años en esta Comunidad. De hecho, hace un año y medio ya se decidió no permitir la instalación de máquinas nuevas de tipo B1». Se pueden sustituir, cambiar una vieja por otra nueva, pero no incrementar el parque de tragaperras.