Interior perfila una ley para controlar las webs de juegos y apuestas

La sociedad del siglo XXI, impulsada entre muchos factores por internet y otros medios tecnológicos, ha dejado desfasada la actual legislación catalana de los juegos de azar, que data de 1984. Son numerosas las webs de juegos y apuestas que campan a sus anchas por el ciberespacio y no pocas las administraciones que quieren acotar su actividad. Entre ellas, el Govern de la Generalitat, que a través de la Direcció General del Joc i d’Espectacles (DGJE) perfila una ley que pretende controlar estos portales.

Este organismo, dependiente de la Conselleria d’Interior, tiene preparado un borrador de la normativa en el que se establece que «aquellas webs de juegos que quieran operar en Catalunya deberán tener la sede o una delegación aquí». Para lograrla, además, las empresas solicitantes tendrán que cumplir una serie de requisitos, entre los que destacan el fomento del juego responsable y la protección de los menores.

Las intenciones de la DGJE – que ayer se reunió con los representantes de la industria del juego de Catalunya y próximamente lo hará con compañías on line, asociaciones de ludópatas y sindicatos – son que aquellas empresas que no estén establecidas en esta comunidad autónoma y, aun así, sigan operando, sean investigadas y «sancionadas». Incluso se trabaja con la idea de que entre los mecanismos de control esté el posible bloqueo de las webs que cometan «irregularidades administrativas», aunque este punto todavía no está aclarado porque Interior quiere dilucidar primero si la medida no se contradice con la legislación española.

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Pero la futura ley del juego va más allá. Además de «regular el vacío legal» de los juegos y apuestas telemáticas, la DGJE reforzará la protección de los menores de edad, a los que también se intentará ofrecer más información para que conozcan los problemas que puede ocasionar el juego sin control.

Por otra parte, se insistirá en la regulación de la publicidad de este sector, en el fomento del juego responsable y en la dotación «de una mayor seguridad jurídica a operadores de juego y a jugadores, sobre todo respecto a la organización, comercialización y explotación de apuestas por medios informáticos, telemáticos y de comunicación a distancia».