El Govern se resiste a enterrar el complejo de ocio de HardRock

«El Incasòl reducirá zona verde y la reubicará para adaptarse a la sentencia del TSJC.

El Govern no está dispuesto a tirar la toalla. Ni la crisis turística mundial generada por el coronavirus, ni las sucesivas peticiones de Hard Rock para retrasar la compra de los terrenos (la última hecha pública ayer), ni la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han hecho replantear el futuro de este complejo turístico y de ocio con 30.000 metros cuadrados de casinos. El último revés, la sentencia que declara parcialmente nulo el Plan Director Urbanístico (PDU) porque el grueso de los espacios libres y equipamientos están en zona de riesgo químico, ya tiene respuesta: el Govern la recurrirá y, en paralelo, modificará el PDU para recortar las zonas verdes y reubicarlas lejos del polígono petroquímico.

“El proyecto seguirá adelante con los cambios, modificaciones y mejoras que sean necesarias”, insistió ayer la portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, quien confirmó que el Departament de Territori está analizando la sentencia para modificar el PDU vigente e incorporar los requerimientos que describe la sentencia. Según fuentes conocedoras del proyecto, el PDU que el TSJC ha considerado parcialmente nulo incluye un “claro excedente de zonas verdes”, lo que hace viable reducir su superficie y reubicarlas en otros espacios más alejados del polígono.

En paralelo, Budó confirmó que el Govern también recurrirá la sentencia de la Sala Contenciosa ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, esta vía implica varios años de tramitación puesto que el recurso tiene que aprobarlo primero el TSJC y luego el mismo Tribunal Supremo, que desde 2016 sólo ha admitido un 5% de las peticiones presentadas. El calendario se extendería ocho o nueve meses en caso de no ser admitido a trámite y la resolución –en caso de que sí se admitiera– podría tardar entre tres y cuatro años.

Sin agotar esta vía, el Incasòl tiene previsto aprobar la modificación del PDU, un trámite mucho más rápido y que podría resolverse en meses, aunque podría ser recurrido de nuevo por las plataformas contrarias al complejo de ocio. El Govern considera y pone en valor que la sentencia reconoce la vigencia del PDU y su utilidad pública y que “solo” ha anulado la ordenación de los espacios verdes. “No hay nada ni nadie que haya dicho que el proyecto no tenga que seguir adelante”, reiteró Budó.

La sentencia, de 69 páginas, desestima prácticamente todas las demandas formuladas por la plataforma Aturem BCN World y la entidad ecologista Gepec salvo una que resulta contundente. Además de reconocer el interés general del proyecto, el TSJC no reconoce contradicciones con el Catàleg del Paisatge ni con el PDU de las actividades industriales y turísticas del Camp de Tarragona, ni tampoco con el Plan Territorial Parcial del Camp. Sin embargo, declara parcialmente nulo el PDU porque los magistrados sí reconocen que las zonas verdes, espacios libres y equipamientos públicos previstos se sitúan en zona de riesgo químico, una ubicación no compatible con el uso ciudadano.

Aturem BCN World y Gepec mantienen que “esta victoria es un paso más en el proceso de derrumbe de este proyecto fallido desde que nació” y han reclamado –como también lo ha hecho la CUP– que el Departament de Territori “desista definitivamente del proyecto y deje de malgastar dinero público en él”. Según las entidades demandantes, “la nulidad comportará la más que posible cancelación del contrato de compraventa de los terrenos entre La Caixa, el Incasòl y Hard Rock, ya que numerosas cláusulas del contrato quedaban supeditas a la no existencia de una sentencia contraria”.

Precisamente ayer el Govern anunció una nueva prórroga –la segunda de este año– para la operación de compraventa de los terrenos, valorados en 120 millones de euros y el 80% de los cuales avanzaría el Incasòl. La última prórroga expiraba el próximo lunes. Sin embargo, ahora Hard Rock International dispondrá hasta el 15 de diciembre para firmar el contrato que asegura su apuesta por la Costa Daurada. Según el Govern, esta prórroga, como las anteriores, la ha solicitado Hard Rock “por el impacto económico que la pandemia internacional derivada de la Covid-19 está ocasionando en esta compañía y sus filiales en todo el mundo”.

Además, el Govern de la Generalitat ha autorizado al Incasòl a negociar los importes de las cantidades aplazadas fijadas en el contrato y a revisar las garantías ordinarias. Según el contrato vigente, es el Incasól quien pagaría en primer lugar, y antes del 15 de diciembre, los terrenos a Criteria, abonando los 120 millones de euros en que están valorados.

Por su parte, Hard Rock haría sus aportaciones en tres plazos: el 20% al formalizar el contrato (24 millones) y el 70% cuando se publiquen definitivamente los planes de mejora urbana (PMU) y el 10% restante con la inscripción del proyecto de reparcelación en el registro de la propiedad o bien transcurridos seis meses desde la publicación de la aprobación definitiva en el PMU. Esta operación está sujeta a varias clausulas, entre ellas, que una sentencia declare nulo o recorte el redactado final del PDU, que Hard Rock no llegue a adquirir la licencia para el casino, que se reduzca la edificabilidad del sector o que no se cumplan las fechas de aprobación y construcción propuestas.

La opción en la que trabaja el Incasòl no supone ninguna variación de los metros cuadrados edificables, sino un cambio de ubicación de los espacios libres, zonas verdes y equipamientos a los que se refiere la sentencia, que además de reducirse podrían concentrarse en otros espacios del sector 1. Este prevé la urbanización de algo más de un millón de metros cuadrados, de los que aproximadamente tres cuartas partes están destinados a uso lucrativo o privado. De uso hotelero se prevén hasta 425.000 metros cuadrados; de suelo comercial 50.000, otros 120.000 metros cuadrados para actividades de ocio (como un gran escenario al aire libre) y 30.000 metros cuadrados más para los casinos.