El juego ilegal mueve en Andalucía más de 25 millones de euros anuales

Aunque la crisis también ha hecho mella en este sector, el juego ilegal sigue haciendo su agosto. Y es que los cupones no autorizados se siguen vendiendo. Según un informe remitido por la ONCE en 2008 Aunque la crisis también ha hecho mella en este sector, el juego ilegal sigue haciendo su agosto. Y es que los cupones no autorizados se siguen vendiendo. Según un informe remitido por la ONCE en 2008 los diversos juegos ilegales que existen en Andalucía recaudaron más de 25 millones de euros, una cifra que supone que estas ventas han bajado respecto a un año antes en el que se recaudaron algo más de 32.

En cualquier caso, los datos de la ONCE revelan que en Andalucía hay al menos 30 organizaciones que se dedican a estas prácticas ilegales y que los vendedores son al menos 887.

Además, siempre según el mismo informe, durante el año 2008 la venta media diaria en boletos fue de algo más de 98.000 y la venta media diaria en ingresos de más de 95.000 euros. 

En cualquier caso, la ONCE insiste en que la comercialización de boletos o cupones (la práctica más extendida) requiere una autorización administrativa sin la cual los que venden esas papeletas actúan «en más absoluta ilegalidad».

Pese a ello, dichos operadores ilegales. recalca el estudio, «siguen desarrollando su actividad con la más absoluta impunidad, aunque se conoce quienes son sus promotores, dónde se venden sus boletos o cupones, cuáles son sus canales de distribución o dónde están sus imprentas». En este sentido, el delegado de la ONCE en Andalucía, Patricio Cárceles, aseguró que esas prácticas afectan a su organización porque «hay juegos que imitan el cupón de la ONCE» y porque además la mayoría de estas organizaciones utilizan su sorteo porque no tienen autorización para hacer el suyo propio y no pueden hacerlo. La mayoría utiliza la coletilla «será premiado el boleto que coincida con el sorteo de la ONCE». 

Y eso perjudica a los auténticos: «imitan nuestros productos y la gentes lo compra sin pararse a más detalles», afirma Cárceles insistiendo en que esos productos van directamente contra sus ventas. Pero además esos juegos y operadores ilegales, como no están sujetos al control y al sistema de sorteo ante notario, a veces puede constituir un fraude o una estafa ya que no hay garantías de que la empresa que distribuye ponga el mismo número de cupones en el mercado que la ONCE con lo que la probabilidad de que le toque a alguien es a veces imposible. También existe lo que Cárceles prefiere denominar la «parte amable» del fraude, es decir, las papeletas que venden colegios e institutos para costearse el viaje de fin de estudios y que suelen hacer coincidir con el sorteo de la ONCE. En esos casos también hay mucha ilegalidad.

En cualquier caso, desde la ONCE se hace hincapié en que, ahora que se está hablando tanto de la economía sumergida y del dinero negro, este tipo de prácticas constituyen un ejemplo de un sector económico oculto. «No está controlado y no sabemos donde va ese dinero», afirma el responsable de la ONCE.

Triple fraude
«Es dinero negro que no sabemos donde va y es un fraude para el consumidor porque lo más probable es que no lo cobre. También lo es para la administración porque no tributa y también para el resto de ciudadanos que pagan sus impuestos mientras que este sector no lo hace».

E igualmente se constituye en un fraude para los trabajadores que se dedican a la venta de estos cupones porque normalmente no tienen contrato de trabajo. Y lo es para las asociaciones de discapacitados porque «se aprovechan de la imagen de lastimería».

Además según señala el informe realizado por esta organización, la actividad de los operadores ilegales en el mercado de los juegos de azar que utilizan el sorteo de la ONCE «se ha considerado por los tribunales un acto de competencia desleal respecto de los juegos comercializados por la propia ONCE».

Explotación de trabajadores
Y, como insisten, estas actividades de juego ilegal, «suponen un claro ejemplo de explotación de sus trabajadores, con especial incidencia en colectivos de personas más desfavorecidas o con menos recursos».

En este sentido se denuncia con asiduidad que muchas de las asociaciones que emplean a personas con discapacidad para hacerlas vender unos boletos ilegales lo hacen «poniendo a dichas personas en unas condiciones laborales muy precarias, vulnerando de ese modo la libertad y seguridad en el trabajo, siendo en muchos casos utilizados como meros instrumentos en manos de quienes dirigen la asociación».

De hecho normalmente esos trabajadores no tienen contrato de trabajo ni están dados de alta en la Seguridad Social por lo que carecen de cobertura social y laboral. Hasta el Ministerio de Justicia reconoce que normalmente estas organizaciones tienen «una intención de lucrarse a expensas de las angustiosas necesidades de un sector como el de los minusválidos.