Gibraltar, se acabó el juego

Las empresas de apuestas on line radicadas en el Peñón pasarán de tributar por beneficios del 1% al 15%. Los ingresos por el juego en la red suponen más o menos el 15% del PIB gibraltareño. El 85% de las apuestas por internet en el Reino Unido se opera desde Antigua, Man, Alderney y Gibraltar.

El gobierno de Fabian Picardo no va a rendirse fácilmente. Está en juego, nunca mejor dicho, el futuro de las apuestas on line en Gibraltar, uno de los pilares que asegura el bienestar económico de los ciudadanos de un territorio que ocupa el puesto 243º del mundo en extensión, el 219º en población y el número 20 en renta per cápita.

La amenaza está cada día más cercana. El 1 de diciembre entra en vigor en Reino Unido una nueva ley, la Gambling Act, que obligará a las compañías de juego digital que tienen clientes británicos a tributar por el 15% de sus beneficios, la diferencia entre lo que ingresan por apuestas y lo que pagan en concepto de premios. En la actualidad las compañías radicadas en Gibraltar tributan sólo el 1% de sus beneficios. La nueva legislación cambia el objeto fiscal, que se basará en la ubicación del jugador y no en el domicilio fiscal de la empresa. Además, las firmas deberán obtener una licencia para operar con apuestas que se hagan desde territorio británico.

Si hay un país europeo que adora el juego es Gran Bretaña. Un pequeño incendio en la estación eléctrica del Peñón, ocurrido en un domingo del pasado abril, dejó en la estacada durante dos horas y media a las 26 compañías de juego on line, que facturan unos 113.000 millones de euros anuales. En una jornada dominical de intensa actividad deportiva, el suceso conmocionó a millones de personas.

El cambio en las reglas del juego supondrá un duro golpe para las finanzas gibraltareñas. Y una inyección de 350 millones de euros adicionales en las arcas de Londres. Las más de veinte multinacionales que operan en la Roca (entre las que se encuentran primeras firmas mundiales como William Hill, Ladbrokes, Bwin, Bet365 o Betfair) se preparan para lo peor. De momento, han emprendido una política de ahorro basada en el cierre de algunos casinos físicos. Y confían en que el gabinete gibraltareño sepa y pueda reconducir la situación.

La Gibraltar Betting Gaming Association, el organismo que las representa, está dispuesta a llevar el tema a los tribunales. Las empresas de juego on line emplean a 1.800 personas, muchos de ellos españoles que ahora ven amenazados sus puestos de trabajo. Es el caso de Cristóbal Jiménez, informático, que todos los días atraviesa a pie la frontera para trabajar en una importante firma de apuestas. «Si el proyecto sigue adelante, nuestro futuro es irnos al paro», señala con desolación. Las autoridades de Gibraltar creen que se perderán 1.300 empleos existentes y que el conjunto de las firmas afectadas tendrán una reducción de 290 millones de libras en sus beneficios. Los ingresos por el juego on line suponen aproximadamente el 15% del PIB gibraltareño.

Las empresas tienen hasta el 30 de este mes para presentar sus enmiendas al proyecto, pero no parece probable que tengan verdaderas posibilidades de modificarlo. El secretario del Tesoro, Sajid Javid, advierte que «es inaceptable que las empresas de juego pretendan evitar el pago de impuestos mediante su traslado a paraísos fiscales». Y es que el 85% del juego on line en el Reino Unido se lleva a cabo por empresas que operan en Antigua, la isla de Mann, Alderney y, por supuesto, Gibraltar. El mercado total del juego genera unos ingresos de 5.800 millones de libras, de los que 717 corresponden a las apuestas on line. «Esta medida traerá graves consecuencias: se reducirá la inversión en marketing y patrocinio, y perjudicará a las empresas más pequeñas, que se verán obligadas a cerrar o abandonar el mercado del Reino Unido», señala la periodista Laura Guillot, una de las mayores expertas en el tema del juego.

Gibraltar aduce que la nueva Gambling Act interfiere de manera «ilegal, ilegítima, desproporcionada, discriminatoria e irracional» en el derecho a la libre circulación de servicios establecida en el artículo 56 del tratado de la Unión Europea. Otra consecuencia, según el gabinete de Fabian Picardo, es que las compañías podrían escapar de nuevo hacia sistemas u operadores más laxos, donde la regulación sea prácticamente inexistente. De momento, multiplica sus contactos con las autoridades británicas para intentar salvar al Peñón de la quema.