La fiscalidad de Loterías desata un debate jurídico

Los expertos cuestionan la tributación de la empresa pública de cara a su privatización parcial el próximo noviembre.

Las críticas de los operadores privados a la exención fiscal de los premios de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que pasará a estar parcialmente privatizada en noviembre, han despertado un aluvión de reacciones. Según adelantó ayer EXPANSIÓN, Cofar, patronal que agrupa a empresas como Codere y Cirsa, advierte que podría recurrir a Bruselas al tratarse de un posible caso de competencia desleal.

En la Agencia Tributaria se limitan a defender que en su actuación se ciñen a “lo que dice el BOE”. Y desde el Ministerio de Economía y Hacienda dicen que Loterías “conservará su actual estatus fiscal”. Por su parte, la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que presentó un informe sobre el sector con motivo del anteproyecto de la Nueva Ley del Juego, sostiene que ha realizado su trabajo. En éste, sin embargo, la CNC reconoce que, “tanto los premios de LAE como los de Once, gozan de determinados privilegios fiscales que son susceptibles de hacer más atractivos los juegos que organizan frente a los que ofrecen sus competidores”. LAE y Once reparten 6.000 millones en premios al año.

La exención española ha sido examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –sentencia del 6 de octubre de 2009–, que declaró que no opera contra el derecho comunitario, si se entiende que se debe aplicar a los premios obtenidos en juegos gestionados por otros organismos públicos o cuasi públicos de cualquier otro Estado, similares a LAE y Once. De manera que el sistema podría mantenerse indefinidamente.

Tribunal Constitucional
Sin embargo, un auto del Tribunal Constitucional del 26 de febrero de 2008, que argumenta que el juego privado tributa precisamente por no ser estatal, abre la vía, según algunos grupos, para reclamar la presión fiscal sobre una lotería privada. Para Fernando Prats, director general de tributos y ordenación y gestión de juego de Madrid, no parece razonable eximir de impuestos a una lotería privatizada.

Ante este panorama, Carlos Lalanda, socio de Loyra Abogados, bufete especializado en juego, se pregunta sobre la posible tributación: “¿No se estaría acudiendo precisamente a gravar un nicho de rentas más elevadas, procedentes del azar, dando un respiro a las que proceden del trabajo, de las actividades empresariales o profesionales?”. Lalanda entiende que “serían mínimos los costes de gestión” de gravar los premios. Para Javier Ragué, socio de fiscal de Cuatrecasas, “estamos ante un caso de agravio y de desigualdad entre los operadores y LAE”, y acude al simil de las televisiones privadas frente a TVE.

Xavier Muñoz, socio de Ecija Abogados, cree que el margen de acción que tienen las empresas es demandar a Loterías ante la CNC o ante la Comisión Europea y el Tribunal de la Unión Europea.

A Raúl Rubio, socio del despacho de abogados Baker & McKenzie, le parece “un asunto controvertido, pero que el que tributen los nuevos juegos a futuro arregla en cierto modo la situación”.