La IGAE ha remitido una batería de informes al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, a cargo del denominado ‘caso Soule’, donde se investigan las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar al frente de la Presidencia de la Federación Española de Fútbol. Entre otros asuntos, intenta esclarecerse si se ha realizado una distribución y adjudicación arbitraria del porcentaje de 1% o del 4,55% de la recaudación por apuestas mutuas deportivas del Estado destinadas a obras en campos de fútbol no profesional entre las Federaciones Territoriales.
En uno de sus informes, a los que ha tenido acceso Europa Press, concretamente el número dos, la Intervención ha alertado de que «en ninguna» de las comisiones –ni la Comisión Mixta del Consejo Superior de Deportes ni la Comisión Económica de la RFEF– que debían determinar cuáles eran las instalaciones deportivas a subvencionar entre 2009 y 2013 y en 2015 consta «la existencia de normas o documentos en los que se fijen criterios objetivos de evaluación de solicitudes de ayuda o de proyectos a financiar con los fondos de las quinielas».
NO SE FIJARON CRITERIOS
En este sentido, ha concluido que si bien no era necesario que se hubieran fijado previamente criterios de reparto de los fondos entre las Federaciones Territoriales –dado que la finalidad de la subvención no era financiar a dichas Federaciones en una determinada proporción, sino financiar actuaciones y obras en instalaciones dedicadas al fútbol no profesional–, «sí se deberían haber fijado criterios objetivos para la selección de las actuaciones y obras a subvencionar».
Así las cosas, ha explicado que al no hacerlo «no se asegura la objetividad en el reparto de los fondos públicos», se «favorece» una utilización «discrecional» del dinero y «no se garantiza el cumplimiento de los límites en el uso de los recursos públicos que fijan los Convenios» entre el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol.
Los interventores han concluido que el porcentaje de licencias de cada Federación no ha sido un criterio empleado de facto al asignar los fondos entre Federaciones, o al menos, no ha sido el único.
Además, han incidido en que los criterios «teóricamente» empleados para distribuir los fondos entre Federaciones en el año 1998 –que la RFEF ha aportado como referencia de los criterios empleados– «no han sido los realmente empleados en los ejercicios objeto de análisis o que, al menos, no han sido utilizados en los mismos términos».
Así, han reiterado que «se evidencia una notoria discrecionalidad en la distribución de los fondos». Han precisado, sin embargo, que «del análisis realizado con la información disponible» no puede inferirse una «intencionalidad en la mayor asignación a unas Federaciones en comparación con otras».
CATALUÑA, LA MÁS BENEFICIADA
Según consta en el informe, Cataluña fue la federación que en promedio recibió más fondos procedentes de las quinielas con un 18,55% del total repartido entre 19 Federaciones Territoriales. En la lista le siguen Canarias (10,05%) y Ceuta (10,04%). La que menos percibió fue Galicia (1,96%).
Respecto a las licencias totales (de técnicos y futbolistas), Cataluña repite como líder con un 16,01%, por delante de Andalucía (15,85%) y de la Comunidad Valenciana (10,50%). En este apartado la federación al final de la tabla es La Rioja (0,81%).
La Intervención ha hecho una comparativa entre las cifras promedio en ambas categorías para intentar comprobar si existía un grado de correlación «razonable» entre los fondos de las quinielas aportados a cada Federación Territorial y las licencias federativas de cada una de ellas, «por entender que este puede ser un criterio razonable y objetivo, si bien no completo, del peso relativo de cada Federación en el conjunto del Estado».
Del análisis se aprecia cómo se producen «diferencias significativas» en muchos casos. «En 11 de las19 Federaciones los fondos de las quinielas aportados difieren, en términos relativos, en más de un 50% del porcentaje de licencias (tomado en términos absolutos, computando tanto las diferencias negativas como las positivas)», ha señalado la IGAE.
FALTA DE INFORMACIÓN
Desde la Intervención han hecho saber al juez que el análisis de la distribución efectiva de los fondos entre las Federaciones Territoriales se ha visto «condicionado» por la «falta de parte de la información solicitada, en particular, de las actas de la Comisión Económica de la RFEF».
En el marco del informe, la Intervención ha recordado que la normativa que regulaba la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado atribuía el 1% de la recaudación íntegra de dichas apuestas al Consejo Superior de Deportes con destino al fútbol no profesional.
Han explicado, además, que tras la entrada en vigor de la Ley del Juego, la participación del Consejo pasó a ser el 4,55% de la recaudación del nuevo impuesto sobre el juego creado en virtud de esta norma. Estos fondos se canalizan a través de dicho Consejo, que incorpora en su presupuesto una partida por el citado importe, «librándose el mismo a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mediante una subvención nominativa que se formaliza mediante la firma de un Convenio de colaboración anual».
Así las cosas, ha subrayado que los fondos concedidos por el Consejo a la Federación son «públicos» y su gestión debe llevarse a cabo según lo previsto en la Ley.
Fuente e imagen: Sector del Juego
