Las empresas operarán en toda España con una única licencia

El Gobierno ultima una ley para eliminar las trabas autonómicas a la actividad económica. La duplicidad legislativa cuesta 45.000 millones anuales

La eliminación de duplicidades normativas y burocráticas en el territorio español es una de las obsesiones del Gobierno de Mariano Rajoy y forma parte destacada de su Plan Nacional de Reformas para el año que viene, el proyecto que debe convencer a Bruselas del compromiso de España contra la crisis económica.

El concepto de mercado único es una de las bases sobre las que el Ejecutivo pretende liberalizar la economía española para estimular el crecimiento, y ultima una normativa que establecerá una licencia única para que la comercialización de cualquier producto o servicio en el territorio español no requiera ningún trámite adicional a nivel autonómico.

Pero la norma no afectará sólo al comercio, también se extenderá en ámbitos de «mayor calado» como el sector industrial y la homogeneidad fiscal, aseguran fuentes gubernamentales. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que ha tenido, en general, una acogida positiva entre las regiones, respetará las competencias de las CC AA y las corporaciones locales. Además, mantendrá la licencia autonómica y dará cabida a los operadores. El Gobierno trabaja para cerrar la normativa antes de final de año.

Diecisiete «minimercados»
Actualmente, las CC AA gestionan diecisiete «minimercados» que obstaculizan la libre circulación de bienes y servicios, entorpecen los trámites burocráticos, lastran la industria y generan brechas fiscales entre regiones. Esta duplicidad legislativa, que cuesta unos 45.000 millones de euros a las empresas españolas (el 4,3% del PIB, según un estudio de CEOE fechado en marzo), provoca que muchos productos y servicios no se puedan vender ni disfrutar en todo el territorio español con igualdad de condiciones.

En el caso de la industriandustria, resulta llamativo el caso del sector del automóvil. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña exige a los fabricantes la traducción de todos los manuales de los vehículos al catalán antes de que puedan ser comercializados. Además, hay diferencias en los calendarios de restricción al tráfico entre las comunidades, lo que dificulta el comercio, detalla CEOE.

En el sector sanitario, Farmaindustria denuncia que hay hasta cuatro normativas autonómicas distintas para el mismo sistema de prescripción de medicamentos y ocho sistemas diferentes de identificación de usuarios de la Salud Pública. En el área energética, UNESA destaca la existencia de 19 leyes regionales para la instalación de centrales fotovoltaicas.

En el ámbito fiscal hay cientos de casos de duplicidad normativa, y Andalucía es la región más prolífica en la creación de nuevos impuestos. En el sector agrícola, la comunidad que preside José Antonio Griñán y Asturias han «inventado» un impuesto sobre las tierras infrautilizadas (aquellas que no logran un mínimo de producción, denominado «rendimiento óptimo») que no existe en las otras 15 CC.AA.

En el sector financiero, Andalucía y Extremadura tienen el Impuesto sobre los Depósitos de los Clientes en Entidades de Crédito (IDEC), diferente en cada una de ellas, que grava con entre el 0,3% y el 0,6% el capital en el pasivo de la entidad, ya sea de la propia comunidad o una oficina de un banco o caja con sede social en otra región.

Además, la comunidad andaluza prevé gravar a partir del año que viene con 10 céntimos de euro (el doble que los cinco céntimos actuales) el uso de cada bolsa de plástico, con el objetivo de «reducir la contaminación». En ninguna otra comunidad autónoma se establece este impuesto.

En Madrid, la Comunidad cobra 485 euros anuales por la instalación de máquinas recreativas y las comunmente conocidas como «tragaperras» en establecimientos de hostelería, un impuesto que no imponen las demás regiones españolas. Además, la región tiene fechas de rebajas distintas al del resto de autonomías.

Éstos y otros muchos son ejemplos de la duplicidad normativa y fiscal que existe en España, y que el Ejecutivo quiere, si no cambiar en su totalidad, restringir su impacto sobre el desarrollo económico del país.

Aumento de la regulación
Ya en 2009, un informe de la Fundación FAES alertaba del pernicioso efecto que esta enorme amalgama de duplicidades podría provocar en la economía española. «La Torre de Babel de las Comunidades Autónomas», título del documento, señalaba que esta circunstancia podría incluso agravar la crisis económica. España estaba en recesión entonces y sigue así hoy en día. El desmesurado aumento de la regulación en las CC AA desde finales de los 80 contrasta con el relativo mantenimiento de la misma actividad en el Estado central.