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A las pocas horas de la matanza de Newtown (Connecticut), el 14 de diciembre, empezaron a escucharse voces solicitando un mayor control en la venta de armas y que se actuara contra la industria de los videojuegos violentos.
En Newtown, a diferencia de masacres anteriores, la repulsa suscitada aún no se ha diluido, sin duda alguna por el dolor causado por la muerte de 20 niños. El presidente Obama prometió que esta vez el asunto no quedaría en el olvido y puso al frente de una comisión de trabajo al vicepresidente Joe Biden.
Biden, quien ha dicho que no hay “una única solución” para acabar con este problema, tiene previsto entregar este martes sus recomendaciones. Entre estas conclusiones se citan recuperar la prohibición en la venta de armas de asalto, la limitación de los cargadores de alta capacidad, o la obligación de que se exija unos controles de antecedentes más amplios en los puntos de comercialización. En este terreno, la comisión tiene previsto sugerir que, de entrada, se aplique la legislación vigente sobre el análisis psicológico de los compradores.
En sus reuniones, Biden ha certificado una doble oposición, que no se ha aminorado pese a la sangre derramada. El sector de los videojuegos ha iniciado una intensa labor de influencia para lograr apoyos entre los legisladores de Washington. Esta industria ha comprendido que se enfrenta al mayor intento de regulación en las dos últimas décadas. Pese a que no se ha fijado un vínculo claro entre estos juegos y la acción de Adam Lanza, el pistolero de Newtown, muchas voces han solicitado que se haga un estudio del impacto de esas creaciones.
La reacción a la defensiva de este sector que vive de lo virtual coincide con la real y todopoderosa Asociación Nacional del Rifle. Sus representantes salieron el jueves del encuentro con el vicepresidente mostrando su rechazo a la iniciativa oficial. “Esta reunión ha tenido menos que ver con mantener seguros a nuestros niños y más con un ataque a honestos contribuyentes”, replicaron en un comunicado.
Encararse con los amigos del rifle tiene unas tremendas consecuencias políticas. Pese al dolor de la escuela Sandy Hook, los republicanos se oponen a limitar un derecho constitucional. Pero, además, una buena parte de los ciudadanos también han respondido a su manera contra la iniciativa de la Casa Blanca.
Como sucedió tras las tragedias de Tucson o Aurora, la adquisición de armas se ha multiplicado después de Newtown. Incluso ha ido a más, tanto por el temor de que esta vez sí se tomen medidas, como por la reelección de Obama, al que los sectores proarmas consideran un peligro. En diciembre hubo 2,2 millones de verificaciones de antecedentes personales, paso previo a una de estas compras, lo que significa un incremento del 58,6% respecto al mismo mes del 2011.
La estrella de esta demanda súbita es el AR-15, el fusil de asalto que portaba Lanza y también James Holmes, el acusado de la masacre de Aurora. Está agotado en muchas armerías. The New York Times explicó ayer el caso de Joel Alioto, veterano de la guerra de Iraq. Su AR-15, que no le costó más de 500 dólares, lo ha vendido ahora por 1.700. “Aunque el tiroteo de Connecticut es algo terrible –declaró Alioto–, no creo que yo haya hecho nada malo”.
