El Ministerio de Consumo estudia un impuesto y licencia adicional a operadores de videojuegos

El Ministerio de Consumo ha lanzado una consulta pública en la que plantea la posibilidad de fijar un gravamen y exigir una licencia a los operadores que ofrecen las denominadas cajas de botín (lootboxes, en inglés) de los videojuegos.

El pasado noviembre el director general de Ordenación del Juego (DGOJ), Mikel Arana, anunció en el Parlamento la intención de revisar la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y la “modificación de aquellos aspectos de la ley susceptibles de mejora normativa, incluyendo las lootboxes o cajas botín como juego de azar”. Las lootboxes son ítems de recompensa que los jugadores reciben a través de micropagos y que recompensan a los jugadores con nuevos recursos, zonas, tesoros, habilidades, personajes o variantes estéticas de manera aleatoria, sin que el jugador sepa previamente qué va a recibir.

En el texto de la consulta pública, el departamento de Alberto Garzón pregunta si las entidades que oferten cajas botín deberían obtener una licencia general específica, distinta a la existente, o si sería “más conveniente” que estuviesen dentro de las licencias generales de otros juegos.

En este sentido, Consumo quiere conocer la opinión de los actores sobre cuál sería la entidad que tendría que obtener las licencias generales para ofertar las cajas botín (la propietaria del videojuego o también las entidades terceras que, autorizadas por la entidad propietaria, comercialicen esta clase de productos). En el documento, al que se pueden presentar observaciones hasta el 31 de marzo, cuestiona sobre si la futura regulación de las cajas botín debería hacerse en el marco de la ley de regulación del juego o si debería diseñarse una regulación específica diferenciada de la de los juegos de azar y de apuestas.

Base imponible y tipo tributario
Así, el ministerio plantea si los controles de verificación de la identidad del usuario deberían ser los mismos que los establecidos para los operadores de juego de ámbito estatal; y cuál sería la base imponible y el tipo tributario óptimo más adecuado para esta modalidad de juego. Del mismo modo, cuestiona si deberían fomentarse desde los poderes públicos los mecanismos de autorregulación de la industria del videojuego en relación con los mecanismos aleatorios de recompensa.

“La evidente conexión de algunos mecanismos aleatorios de recompensa con los juegos de azar trae consigo, también, las consecuencias negativas asociadas de forma tradicional con estos últimos”, explica Consumo.

Fuente: Sector del Juego