La cámara española del juego privado Cejuego ha atribuido al «desconocimiento» y a una «percepción social errónea» del sector la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de prohibir durante un año la apertura de casas de apuestas, bingos y casinos en la ciudad, así como la ampliación de dichos locales.
En un comunicado, el director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, ha subrayado que con esta medida el consistorio barcelonés «quiere prohibir algo que ya está regulado» y ha recordado que Cataluña es «una de las comunidades con mayor límite en el número de establecimientos del juego».
La patronal ha afirmado que en Cataluña existe una «estricta» regulación del sector desde 2004 que, además de establecer un número máximo de salones, bingos y casinos operativos en el territorio, obliga a que estos establecimientos estén separados por distancias de hasta 1.000 metros en la capital catalana.
Landaluce se ha mostrado a favor de «una correcta planificación» de los locales de juego negociada con las autoridades para el desarrollo «sostenible» del sector, pero ha remarcado que el juego «no representa actualmente un problema de salud pública», como sí sostiene en cambio el Ayuntamiento de Barcelona.
La patronal ha esgrimido este argumento citando los datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que cifran en un 0,3 % la tasa de juego problemático en España.
En este sentido, ha asegurado que el juego, tanto público como privado, «es una actividad totalmente legalizada y normalizada en la sociedad española».
Europer
Por su parte, la Asociación Independiente de Empresas Operadoras de Máquinas Recreativas de Cataluña (Europer) calificó de «vacía de contenido» la decisión del Ayuntamiento.
La entidad se mostró «sorprendida» ante el anuncio del consistorio barcelonés ya que todo lo que prevé regular mediante un plan especial «ya se encuentra actualmente regulado por la legislación autonómica catalana».
De hecho, Europer puntualizó que la catalana es la regulación «más restrictiva de toda España», y entre otras medidas, fija un número máximo de establecimientos así como la distancia mínima que debe existir entre los salones recreativos y las escuelas.
El presidente de Europer, Albert Sola, cargó contra el gobierno de Ada Colau porque esta prohibición se anunció sin que haya habido un contacto previo entre el Ayuntamiento y las asociaciones representativas del juego privado en Cataluña.
«Si hubiera existido un contacto previo podríamos haber facilitado toda la información al Ayuntamiento de Barcelona y se hubiera ahorrado anunciar unas medidas vacías de contenido porque todo lo que proponen ya está regulado», dijo Sola.
Europer consideró que este anuncio provoca «un daño gratuito a un sector íntimamente relacionado con el ocio y la hostelería en Barcelona con ocupación estable» y aseguró que las restricciones «en sí mismas no modificarán nada de la actual situación del juego».