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Cerrados desde hace dos meses, las empresas calculan unas pérdidas de más de 129 millones de euros, poniendo en peligro cerca de 7.000 puestos de trabajo directo y más de 30.000 indirectos.
- Para el sector no hay motivos para prolongar el cierre de sus establecimientos, dado que la situación epidemiológica en la Comunidad ha mejorado, y todas las salas cuentan con limitaciones de aforo, garantizan las distancias de seguridad y poseen sistemas de ventilación y desinfección, entre otras medidas sanitarias.
- En la actualidad, la Comunidad Valenciana es el único territorio que mantiene cerrados los locales de juego en nuestro país.
El Consejo Empresarial del Juego, CeJuego, la principal patronal del juego privado en España, reclama a la Generalitat Valenciana la apertura de los locales y establecimientos de juego en la región, siendo los únicos que permanecen cerrados en toda España. Esta situación, que se prolonga desde hace dos meses, está afectando al futuro y viabilidad de 133 empresas valencianas del sector -muchas de ellas pymes familiares-, además de poner en peligro los cerca 7.000 puestos de trabajo directos, que ascenderían a 30.000 de manera indirecta. El sector calcula unas pérdidas de 129 millones de euros, que se suman a las registradas en 2020 por la crisis de la Covid-19.
El conjunto de organizaciones exige conocer los criterios que han llevado al Gobierno valenciano a continuar con el cierre de sus establecimientos, a pesar de contar con medidas adicionales de seguridad y prevención sanitarias, aplicadas desde que empezase la crisis de la COVID-19 hace un año. Recuerdan que sus establecimientos cuentan, entre otras medidas, con control y limitación de aforo, personal para garantizar las distancias de seguridad y sistemas de ventilación para renovar el aire de los locales de manera constante. Desde el sector remarcan que otras comunidades, como Cataluña o Baleares, que hasta hace unas semanas estaban en la misma situación, han decidido abrir estos locales por no presentar ningún riesgo y seguir así las mismas directrices que con otros sectores.
La incidencia acumulada se sitúa en la comunidad por debajo de 50, es decir, en nivel de alerta bajo. Por esta razón, desde el sector argumentan que no hay ningún dato sanitario que justifique que se restrinjan los derechos y libertades de las empresas y trabajadores de un único sector en toda la Comunidad Valenciana, obligando a bingos, casinos y salones de juego a permanecer cerrados totalmente sin ofrecer desde el Consell ninguna alternativa.
Esta grave situación del sector en Valencia también está afectando a las arcas de la Generalitat, ya que está dejando de ingresar cerca de 26,3 millones de euros por los impuestos del sector.
Para Alejandro Landaluce, director general de CeJuego, “el sector en Valencia está pasando por una situación límite, sin ingresos y con el riesgo de perder más de 7.000 puestos de trabajo. No es admisible que la Generalitat prolongue el cierre de los locales, siendo la única comunidad autónoma con estas restricciones. Todos nuestros establecimientos cuentan con las medidas de seguridad, aforo, control y prevención, por lo que el cierre no se debe a criterios técnicos o sanitarios”.
En este contexto, Landaluce asegura que “con esta decisión el Consell está eliminando los derechos y libertades de las empresas del sector del juego a ejercer una actividad legal, regulada y que genera un empleo estable y con muy baja rotación, así como unos ingresos fiscales que adicionalmente está dejando de ingresar la Generalitat”. Desde el sector apelan a la responsabilidad del tripartito e instan al gobierno a que “permita la reapertura de los establecimientos del juego, deje a un lado los criterios ideológicos y piense en la multitud de trabajadores valencianos en situación de extremada vulnerabilidad, especialmente si tenemos en cuenta que una parte importante de los empleados son mujeres y personas mayores de 50 años, de difícil reubicación laboral en caso de cierres definitivos, que los habrá si la situación de cierre persiste”.
La entidad ha pedido una reunión urgente con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, para exponer la grave situación de las empresas valencianas y solicitar una apertura inmediata de los locales para salvar a un sector que contribuye con el 0,45% del PIB nacional.
