Varapalo a la liberalización de las apuestas por internet

El tribunal europeo considera que la restricción a la libre prestación de servicios se justifica por la lucha contra el fraude

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decretado que los gobiernos nacionales pueden imponer restricciones a las apuestas a través de internet, tener el monopolio del sector o prohibir la participación de compañías de otros Estados miembros, siempre que persigan la lucha contra el fraude y el crimen. En este sentido, la más alta instancia judicial comunitaria argumenta que, aunque esta medida supone una restricción a la libre prestación de servicios dentro de la UE, se justifica porque busca una «razón imperiosa de interés general» como es la lucha contra la criminalidad.

Este pronunciamiento supone un duro varapalo para las compañías de apuestas online, que desde hace tiempo presionaban por la liberalización de este sector en la UE. La resolución, que versa sobre un conflicto entre Portugal y la compañía Bwin, también anticipa cuestiones similares planteadas respecto a países como Francia o Alemania.

Bwin y la Liga Portuguesa de Fútbol fueron sancionados con 74.500 euros y 75.000 euros, respectivamente, por organizar juegos de azar en internet y hacer publicidad de esas apuestas. Estas dos entidades recurrieron la multa, ante lo que un tribunal de Oporto planteó una decisión prejudicial ante el Tribunal de la UE para que aclarase si la legislación portuguesa, que establece el monopolio público de apuestas y prevé multas para quien los organice o los publicite, es compatible con la libertad de establecimiento, con la libre circulación de capitales y con la libre prestación de servicios.

La sentencia considera que la normativa lusa limita la libre prestación de servicios. Sin embargo, subraya que las restricciones a este principio pueden producirse por motivos imperiosos de interés general, siempre que sean proporcionadas para el fin que persiguen y no sean discriminatorias. Como los juegos de azar carecen de una normativa homogénea comunitaria, los Estados pueden decidir el grado de control y la organización de este sector, razona.