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La Comisión Europea ha vivido uno de sus episodios más oscuros con la dimisión del comisario de Sanidad y Política de Consumo, John Dalli, por un presunto caso de tráfico de influencias a la hora de tramitar la reforma de la directiva del tabaco.
El escándalo ha salido a la luz semanas antes de la fecha elegida por Bruselas para lanzar esta nueva propuesta legislativa, que endurecerá aún más las condiciones de un sector económico tan controvertido como relevante en materia económica para los Estados miembros de la UE.
La abrupta salida del ex comisario Dalli puede suponer un serio contratiempo para Bruselas, a pesar de que la versión oficial es que ni el calendario ni el contenido de esta directiva se han visto afectados.
De momento la Comisión no tiene aún un sustituto –el actual ministro de Exteriores maltés, Tonio Borg, se perfila como nuevo responsable europeo de Sanidad– y sin una cabeza visible es difícil sacar adelante la reforma.
Dalli cree que su dimisión –«forzada », según su versión– es una estrategia de las tabaqueras para ganar tiempo y retrasar la reforma de esta directiva, cuyo objetivo en líneas generales es hacer menos apetecible el tabaco y dificultar su venta y distribución.
El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) emitió la semana pasada un comunicado alertando de que la marcha de Dalli amenazaba con paralizar la normativa.
Si no hay ninguna variación en la propuesta que lanzará la Comisión, la nueva directiva supondrá un duro golpe para el sector del tabaco. De acuerdo con el primer borrador, la nueva ley restringirá los ingredientes que se usan para elaborar los cigarrillos (por ejemplo el mentol); obligará a las marcas a estandarizar las cajetillas,que deberán tener un 80% de su superficie destinada a imágenes y mensajes de advertencia; prohibirá enseñar el producto en los puntos de venta y limitará –o incluso prohibirá– la venta de tabaco en máquinas expendedoras.
La patronal que engloba a toda la cadena de valor del tabaco –agricultores, transformadores, productores, estanqueros y fabricantes de máquinas vending ha estado haciendo una fuerte campaña de presión en Bruselas para suavizar la propuesta, aunque su éxito ha sido limitado, según explican fuentes comunitarias. «No estamos en contra de que se revise la directiva, pero queremos que se haga de una forma proporcionada y con sentido común», explica Juan Páramo, portavoz de la Mesa del Tabaco.
Ni siquiera los Estados miembros van a aceptar íntegramente la propuesta de la Comisión. Porque detrás del mensaje de «fumar mata » que aparece en las cajetillas de tabaco hay un interés de los Gobiernos por mantener a flote una industria que sólo en España emplea a 56.000 personas, genera un valor añadido de 2.700 millones de euros anuales y aporta cada año 10.000 millones de euros a Hacienda (contando el IVA).
Prueba de ello es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha creado una comisión interministerial formada por las secretarías de Estado de Sanidad, Agricultura, Comercio, Hacienda y la UE para consensuar una postura que defienda los intereses de España en el proceso de negociación que se abrirá en los próximos meses. El objetivo es combinar el empeño para que cada vez más gente deje de fumar con la protección del mayor número de puestos de trabajo y la suculenta recaudación que aporta este sector en una época de crisis.
Contrabando
Tal y como Bruselas tiene pensado formular la reforma el impacto económico en España sería desastroso, según alertan en la patronal. En Navarra se producen el 95% de las maquinas expendedoras de toda Europa.
En Castilla y León, Andalucía y, sobre todo, Extremadura se concentra el 95% del cultivo de tabaco en España, cuarto productor europeo. Además, el sector sostiene que las medidas planteadas por Bruselas no demuestran que la gente vaya a dejar de fumar pero sí desviaran el negocio del tabaco a la clandestinidad y el contrabando.
«Las reformas y subidas del precio en los últimos cuatro años han aumentado el contrabando del 0,5% de las ventas totales al 12%, con un impacto en la recaudación del Estado de 1.000 millones anuales», explica Páramo. Bruselas rebate estos argumentos con más cifras: 650.000 personas mueren anualmente por el tabaquismo y 13 millones sufren problemas de salud, con un impacto en los socios de la UE de 100.000 millones de euros.
Con todos estos datos sobre la mesa la negociación entre los Estados miembros puede ser complicada, sobre todo porque no todos los países tienen la misma dependenciaeconómica a este sector, las recaudaciones fiscales varían y los hábitos sociales son muy diferentes entre unos y otros países: todo un reto para el sucesor de Dalli.
