Internet muerde la tarta fiscal del juego
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La Hacienda española no es la única que se ve perjudicada por las actividades que tienen como base Gibraltar. El Reino Unido ha adoptado medidas para evitar la pérdida de ingresos como consecuencia de la presencia de numerosas casas de apuestas «online», que operan desde el Peñón y ello ha provocado la presentación de un recurso por parte de las autoridades gibraltareñas.
La Gibraltar Betting and Gaming Association ha interpuesto una demanda contra la legislación británica de apuestas por internet -la Gambling Act 2014-, que establece un nuevo sistema de licencias y reglas sobre publicidad para las empresas de apuestas «online».
«Interferencia ilegal»
El Gobierno que dirige Fabian Picardo considera que las directrices y regulaciones de la Gambling Commission of Great Britain, órgano central regulador del juego y que tiene su sede en suelo británico, interfiere de manera «ilegal, ilegítima, desproporcionada, discriminatoria e irracional» en el derecho a la libre circulación de servicios establecida en el artículo 56 del Tratado de la Unión Europea, según supo ABC de fuentes autorizadas.
Los británicos pusieron en marcha la ley, formalmente para dar protección a los consumidores, pero, en realidad, fue para evitar la fuga de ingresos que supone la presencia de numerosas casas de apuestas en la colonia, con una normativa muy beneficiosa para quienes obtienen los premios y muy poco rentable para las arcas de la Hacienda británica. Las autoridades gibraltareñas rechazan la nueva ley porque consideran que «va a incentivar que las compañías de apuestas tiendan hacia sistemas regulatorios u operadores más laxos, donde la regulación sea prácticamente inexistente». Además, entienden que lo único que se pretende es favorecer a las empresas inscritas en el Reino Unido, porque «les otorga una ventaja comparativa frente a los órganos reguladores con sede en el extranjero».
De hecho, la normativa establece una exención fiscal del 15 por ciento para los casos en que coincidan el lugar desde el que se controla la apuesta «online» y el lugar desde el que se hace esa apuesta. La consecuencia es que las grandes casas de juego que tienen su sede actualmente en Gibraltar, como William Hill, Betfaire y Ladbriokes, porque gozaban de sustanciosas ventajas gracias al régimen fiscal de la colonia, verán ahora mermados sus beneficios.
Las autoridades gibraltareñas consideran la nueva legislación discriminatoria, pero lo cierto es que el Tesoro británico va a recaudar, gracias a ella, más de 300 millones de libras esterlinas. Por el contrario, se estima que para el Peñón, supondrá un agujero de 290 millones de libras esterlinas en sus ingresos y la destrucción de unos 1.300 puestos de trabajo.
En Gibraltar hay instaladas más de una veintena de operadores de apuestas por internet, que facturan unos 113.000 millones de euros al año y que tributan solo al uno por ciento.
El fraude a España
La fuga de ingresos de las arcas públicas por la actividad de Gibraltar ha hecho que en las últimas semanas tanto las autoridades británicas como las españolas hayan tomado cartas en el asunto. España lleva años alertando sobre el fraude fiscal del Peñón. El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, cifró las pérdidas que sufría la Agencia Tributaria en unos 1.000 millones de euros al año. A esta cifra hay que sumar el tráfico de tabaco, del que también alertó la OLAF, que extraviaría unos 400 millones de euros al año a favor del Peñón.
