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El ministro principal de la colonia británica, Fabian Picardo tiene una piedra en el zapato y en esta oportunidad, no viene del lado español, sino que tiene que mirara a la City londinense. El Gobierno de Su Majestad parece dispuesto a atajar la sangría económica que supone el juego en la red y, sobre todo, la opacidad con la que operan y que les permite a los ganadores de premios, eludir los pagos a la Hacienda británica.
La asociación británica del Juego ha aprobado la denominada Gambling Act el pasado mes de mayo, que modificaba la vigente desde 2005. Sus consecuencias para la colonia británica apenas han comenzado a entreverse. Una primera estimación asegura que el aumento de ingresos que tendrán en Londres llegará a los 360 millones de euros, lo que dado el volumen del juego que se asienta en el Peñón dejarán de quedarse en suelo yanito. Aunque su tasa de desempleo puede asumirlo perfectamente (se encuentra en porcentajes cercanos al pleno empleo), tampoco la pérdida de 1.300 puestos de trabajo son desdeñables.
A pesar de que un reciente viaje a Londres de Picardo, fue vendido como una protesta ante las autoridades del Foreign Office sobre las «incursiones» de la Guardia Civil, o sobre las colas en los pasos fronterizos, a buen seguro que esta modificación de la legislación británica ha estado sobre la mesa.
De hecho la Gibraltar Betting and Gaming Association llegó más lejos e interpuso recientemente una demanda judicial contra la legislación, en un proceso en el que el Gobierno gibraltareño se ha presentado como parte, al menos para ser escuchado. No hacía falta, ya que un comunicado del número 6 de Convent Place consideraba que las disposiciones de la nueva reglamentación son una interferencia «ilegal, ilegítima, desproporcionada, discriminatoria e irracional» y que afecta de manera directa al derecho a la libre circulación de servicios establecida en el artículo 56 del Tratado de la Unión Europea.
La nueva normativa contempla una exención fiscal del 15% en aquellos operadores que coincidan el lugar desde el que se controla la apuesta online y el lugar desde el que se hace esa apuesta. Las grandes casas de juego que tienen su sede actualmente en Gibraltar, como William Hill, Betfaire y Ladbrokes, porque se beneficiaban del régimen fiscal de la colonia, verán ahora mermados sus beneficios de una manera más que notable, con lo que no se descarta que se planteen abandonar su sede en Gibraltar.
La nueva ley está hecha, al menos en teoría, para «proteger los derechos de los consumidores», aunque en su trasfondo intenta evitar la sangría de ingresos de las numerosas casas de apuestas en Gibraltar.
Las autoridades gibraltareñas rechazan la nueva ley porque consideran que «va a incentivar que las compañías de apuestas tiendan hacia sistemas regulatorios u operadores más laxos, donde la regulación sea prácticamente inexistente», reconocieron en un comunicado. Entienden que lo único que se pretende es favorecer a las empresas inscritas en el Reino Unido, porque «les otorga una ventaja comparativa frente a los órganos reguladores con sede en el extranjero».
