Hacienda multará con 100.000 euros a quien acceda con IP oculta a juegos online ilegales.

Hasta hoy las sanciones a jugadores particulares se ceñían a quien alteraba el juego o a deportistas que apostaban en su propia competición.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con la contención del juego online y la lucha contra las apuestas ilegales. Además de asumir la propuesta de Unidos Podemos para limitar la publicidad de las casas de apuestas autorizadas, a través de los Presupuestos Generales de 2019, el paquete de medias antifraude impulsado el pasado viernes por el Consejo de Ministros incluye novedosas medidas de sanción para los infractores en este campo. Entre otras iniciativas, por primera vez Hacienda se propone multar directamente a los jugadores particulares que oculten sus direcciones de navegación digital (IP) para acceder a plataformas de juego no autorizadas.

“Los siete años transcurridos desde la aprobación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, permiten la trayectoria suficiente como para identificar determinadas modificaciones de su articulado que podrían coadyuvar a la lucha contra el fraude”, sostiene la introducción del anteproyecto de ley, consultado por este diario.

Una de los cambios que introduce el Ministerio de Hacienda es incluir entre las infracciones leves de la ley del juego “participar desde España, a través del uso de técnicas de enmascaramiento de direcciones IP territoriales españolas, en las actividades de juego” que sean “ofrecidas a través de páginas distintas de las legalmente habilitadaspor operadores de juego con título habilitante en España”. Actualmente, en el país hay 52 operadoresde juego online habilitados por las autoridades (38 casinos, 29 casas de apuestas, ocho de póquer, seis bingos y tres plataformas de concursos) pero falseando la dirección virtual es posible acceder a otras casas de azar ilegales.

La norma de juego establece que “las infracciones calificadas como leves serán sancionadas por la Comisión Nacional del Juego” con apercibimiento por escrito y multas de hasta 100.000 euros.

Hasta ahora, España centraba sus sanciones en las plataformas no habilitadas y solo en participantes que alterasen el juego, o en el caso de deportistas que apuesten en sus propias competiciones. El cambio de paradigma supone un salto cualitativo en la persecución del juego ilegal. “El establecimiento de responsabilidades administrativas al consumidor de juegos supone ciertamente una intensificación en la exigibilidad de las infracciones”, admite la Dirección General de Tributos en la memoria de impacto de la norma que acompaña el anteproyecto, pero matiza que hay precedentes en países vecinos. “Así, en otras jurisdicciones (Bélgica) sí existe la responsabilidad sancionadora (hasta 200.000 euros) para jugadores que consuman juego online no autorizado”, ilustra.

Hacienda asume, en todo caso, que demostrar el acceso ilegal a plataformas de juego no habilitadas a través de una dirección IP española puede resultar complejo. “Es cierto que la acreditación del tipo puede ocasionar problemas de prueba, pero esto es una cuestión que debe analizarse caso por caso, y en el ínterin se mandaría un mensaje de responsabilidad del jugador”, resuelve.

Aunque no se apunta en la documentación que el Ejecutivo ha sometido a audiencia pública hasta el próximo 15 de noviembre, el problema que Hacienda admite a la hora de demostrar la ocultación de direcciones virtuales puede afectar a otra de las medidas estrella del Ejecutivo para 2019. Se trata del sistema de sanciones ideado para penalizar la ocultación de la IP, o la geolocalización, de los usuarios de servicios digitales que busquen sortear la nueva tasa Google.

Publicar las webs ilegales

El paquete antifraude del Gobierno también recoge la posibilidad de publicar un listado de páginas webs ilegales así como de los infractores con sanciones graves y muy graves, que se dan ante el impago de premios, al ofrecer actividades no permitidas o resistirse a una inspección, por ejemplo.

El anteproyecto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien la norma todavía debe ser tramitada y obtener los apoyos parlamentarios necesarios.

En paralelo a las medidas recogidas en el nuevo paquete de medidas antifraude, el plan presupuestario del Gobierno recoge una limitación de la publicidad del juego online legal, al estilo de la que se aplica sobre el tabaco. La idea es vetar este tipo de anuncios en horario infantil, en competiciones deportivas, o a través de famosos. El negocio del juego online se ha multiplicado en los últimos años y sus operadores gastan ya unos 160 millones de euros en publicidad al año.