Los juristas de las Cortes cierran filas y suscriben el primer informe de Gran Scala

La letrada mayor ya dio el visto bueno al anterior documento y está esperando a que PSOE y PAR dejen claro sobre qué parte del proyecto de ley quieren que se pronuncie

El equipo de juristas de las Cortes de Aragón han cerrado filas y suscriben el primer informe de correcciones técnicas del proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, en el que se plantean dudas sobre su inconstitucionalidad. Los letrados mantuvieron ayer un encuentro para discutir el asunto, ya que los dos grupos que sustentan al Gobierno, PSOE y PAR, han forzado la petición de un dictamen sobre el primer informe. La letrada mayor, Vega Estella, ya dio el visto bueno al documento, por lo que está esperando que le aclaren sobre qué aspectos del proyecto de ley quieren que se pronuncie ahora, según apuntaron ayer fuentes parlamentarias.

Mientras los servicios jurídicos dilucidan una salida, PSOE y PAR sacaron adelante la ley en la comisión de Industria, Comercio y Turismo con el rechazo del Chunta e Izquierda Unida. El PP apoyó la mayoría de artículos, votó en contra de los que no se han aceptado enmiendas y se abstuvo en los que son motivo de controversia sobre su constitucionalidad. El portavoz popular, Eloy Suárez, condicionó el voto final en el pleno que aprobará finalmente la norma el próximo jueves a lo que diga el segundo informe. Si se mantienen las salvaguardas legales, se opondrá.

El letrado que firma el informe de correcciones de esta ley cuestiona su constitucionalidad porque duda de que se puedan declarar proyectos como Gran Scala «de utilidad pública e interés social» para poder expropiar los suelos. También plantea dudas jurídicas por la normativa de juego singular que van a tener este tipo de proyectos frente a la del resto del territorio o la indefinición de la figura del consorcio.

Las citadas fuentes parlamentarias recordaron que la letrada mayor ya visó el primer informe, por lo que difícilmente se va a desdecir ahora. «Es un juego diabólico pretender que se haga un contra informe. Es una situación absolutamente delicada. Y se debe respetar el trabajo de los servicios jurídicos de las Cortes, porque el vicepresidente Biel no puede descalificar a los letrados por hacer su trabajo», señalaron.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa también rechazó ayer las «obscenas» declaraciones de Biel, que denunció que el dictamen tiene «carácter político» e incluye cuestiones con «intencionalidad». «Es un hecho de enorme gravedad que un responsable político se permita atacar a los funcionarios de una institución por cumplir con su obligación profesional. Ese modo de actuar constituye un ataque frontal no solo al letrado autor del informe cuestionado, sino a toda la función pública aragonesa», criticó en un comunicado.